Por Luis Martínez Alcántara
El Congreso de Colombia aprobó una histórica ley que prohíbe el matrimonio infantil y las uniones tempranas con menores de 18 años. Después de nueve intentos fallidos desde 2007, el Senado votó por unanimidad para eliminar el artículo del Código Civil que permitía el matrimonio de mayores de 14 años con permiso de sus padres.
Esta decisión marca un hito en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en el país, alineándose con los estándares internacionales y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. La iniciativa, impulsada por la senadora Clara López y la representante Jennifer Pedraza, busca erradicar una práctica que ha afectado principalmente a niñas en comunidades rurales e indígenas.
El proyecto de ley no sólo prohíbe nuevos matrimonios infantiles, sino que también permite anular los compromisos existentes de menores casados o en uniones de hecho. Esta medida es crucial para combatir la deserción escolar, los ciclos de pobreza y la limitación de la autonomía e independencia de las mujeres jóvenes.
Según datos de UNICEF, en 2021 se registraron 198 matrimonios de menores de edad en Colombia, y hasta 2015, casi el 28% de las mujeres en el país se habían casado antes de cumplir 18 años. La nueva ley busca cambiar esta realidad, colocando a Colombia en línea con la mayoría de los países sudamericanos, donde la edad mínima para contraer matrimonio oscila entre 16 y 18 años.
La aprobación de esta ley coincidió con una polémica generada por una canción de artistas colombianos que sexualizaba a una niña de 14 años, lo que generó un rechazo en la sociedad. Este contexto social contribuyó al éxito del proyecto legislativo, demostrando un cambio en la percepción pública sobre los derechos de los menores. La ley ahora espera la sanción del presidente Gustavo Petro para entrar en vigencia.
Aunque la prohibición del matrimonio infantil es un paso significativo, expertos como Ángela Anzola, directora de la Fundación Plan, señalan que es necesario continuar fortaleciendo la educación sobre derechos, vida sexual y reproductiva de los menores. La implementación de la ley, especialmente en comunidades rurales e indígenas, será el próximo desafío para garantizar su efectividad.