Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó en lo general una versión modificada de la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, luego de que el Partido del Trabajo (PT) se negara a respaldar los puntos centrales de la propuesta original, entre ellos la revocación de mandato para 2027 y normas relativas a la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La votación se llevó a cabo aproximadamente a las 23:00 horas del miércoles 25 de marzo en la Ciudad de México.
La aprobación legislativa representa un segundo intento del oficialismo para modificar el sistema electoral, tras no alcanzar la mayoría calificada necesaria en la Cámara de Diputados con la iniciativa precedente. En esta ocasión, el texto validado por el pleno senatorial se centra en medidas administrativas y de austeridad, como la reducción de regidurías, la limitación de gastos en los congresos estatales y el establecimiento de topes salariales para funcionarios de los organismos electorales.
El desenlace de la sesión marcó una ruptura táctica entre Morena y su aliado histórico, el PT. Aunque Alberto Anaya, dirigente del Partido del Trabajo, declaró que su fuerza política mantendrá su apoyo a la presidenta y al movimiento, especificó que se separarían del artículo 35 constitucional, el cual contenía los mecanismos para la revocación de mandato. Esta postura fue determinante para que la reforma quedara mutilada en sus aspiraciones más ambiciosas respecto al escrutinio popular de los servidores públicos.
Durante el debate, legisladores de la oposición también expresaron sus posturas. Agustín Dorantes, senador del Partido Acción Nacional (PAN), y Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano (MC), participaron en las discusiones previas a la votación. El PT, que cuenta con seis senadores, utilizó su posición para frenar los artículos que consideraban inconvenientes, logrando que la reforma final excluyera los elementos que permitían procesos de revocación inmediatos y regulaciones específicas sobre la contienda presidencial.
Con esta aprobación en lo general, la reforma electoral avanza hacia las siguientes etapas del proceso legislativo, aunque con un alcance significativamente menor al planteado inicialmente por el ejecutivo federal. La modificación de los artículos constitucionales 115, 116 y 134 busca reconfigurar aspectos de la organización local y el financiamiento político, dejando pendiente la discusión sobre la participación ciudadana directa en la remoción de mandatarios.