Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y el secretario de Vivienda de la Ciudad de México, Inti Muñoz Santini, se enfrentaron públicamente por la responsabilidad en el colapso fatal de un edificio en la colonia San Antonio Abad, que el pasado 9 de marzo cobró la vida de tres personas. El conflicto gira en torno a quién debía supervisar la demolición, autorizada mediante un Acuerdo de Facilidades después de que se identificaran graves riesgos en la estructura.
Rojo de la Vega sostuvo que la responsabilidad de supervisar la obra recaía de manera exclusiva en el gobierno capitalino, debido al mencionado acuerdo que, según ella, “obligaba a las autoridades de la Ciudad de México a supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad”. La alcaldesa calificó la autorización de la demolición como una decisión deliberada y no un error.
En contraste, durante una conferencia de prensa, Inti Muñoz Santini, titular de la Secretaría de Vivienda local, argumentó que la vigilancia primaria e ineludible del proceso correspondía a la alcaldía Cuauhtémoc, independientemente de la existencia de un Acuerdo de Facilidades. Esta postura contradice directamente la versión de la alcaldesa y deja en evidencia una falta de coordinación entre las instancias de gobierno.
El permiso para demoler el inmueble ubicado en San Antonio Abad 124 fue negado inicialmente el 17 de octubre del año pasado tras detectarse al menos diez riesgos graves. Sin embargo, solo tres días después, el 20 de octubre, fue autorizado mediante el mecanismo especial de Acuerdo de Facilidades, un procedimiento que agiliza trámites pero que, según la disputa actual, generó confusión sobre las atribuciones de supervisión.
Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado la identidad de las tres personas fallecidas, ni detalles sobre la empresa propietaria del edificio o la hora exacta del colapso. Tampoco se ha informado sobre el estado de la investigación oficial que determine las causas técnicas del derrumbe y las posibles responsabilidades penales.
Este enfrentamiento entre la jefa territorial y el gobierno central de la capital ocurre en un contexto de recurrentes accidentes en obras y demoliciones en la ciudad, que suelen derivar en señalamientos políticos pero pocas veces en sanciones concretas. La falta de claridad en los protocolos y la superposición de facultades entre alcaldías y dependencias del gobierno de la CDMX quedan una vez más al descubierto tras una tragedia.