Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa una iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, la cual fue dada a conocer el pasado 25 de marzo en la capital del país. La propuesta tiene como objetivo erradicar este delito en México y establecer un tipo penal único que sea aplicado de manera homogénea por todas las fiscalías del territorio nacional.
Entre los involucrados en el desarrollo de esta estrategia se encuentran Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Ingrid Gómez, subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, y Ernestina Godoy, fiscal general de la República. La medida contempla sanciones severas, proponiendo penas de prisión que van desde los 40 hasta los 70 años para quienes cometan este crimen.
De acuerdo con lo detallado por la Fiscalía General de la República, la expedición de esta normativa requiere una reforma al inciso A de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución. Esta modificación facultaría al Congreso de la Unión para crear una ley que clasifique el feminicidio como un tipo penal homologado, eliminando discrepancias en su interpretación entre las diferentes entidades federativas.
Un cambio sustantivo en la propuesta es la obligación del Ministerio Público de investigar, desde el primer momento, cualquier muerte violenta de una mujer bajo la hipótesis de feminicidio. Para garantizar la continuidad en las indagatorias, se implementará el turno continuado, evitando interrupciones que puedan afectar la recolección de pruebas o el avance de los casos.
La iniciativa reconoce nueve razones de género para configurar el delito, incluyendo signos de violencia sexual, antecedentes de violencias, la existencia de relaciones de poder o que el crimen haya sido motivado por estereotipos y prejuicios. Asimismo, se establecen 21 agravantes, tales como que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, persona con discapacidad o miembro de pueblos originarios y comunidades afrodescendientes.
En cuanto a las consecuencias jurídicas, la ley no solo sanciona el consumado del delito, sino también la tentativa, con penas de prisión equivalentes a la mitad o dos terceras partes de la condena total, además de multas económicas. El texto propuesto también plantea la creación de mecanismos de prevención y un registro nacional de orfandad para atender a los hijos e hijas de las víctimas.
La jefa del Ejecutivo Federal subrayó que, al tratarse de una Ley General, todos los estados deberán modificar sus legislaciones locales para asumir estos nuevos criterios. La finalidad declarada es acabar con la impunidad y asegurar que ningún feminicidio sea catalogado erróneamente como suicidio o culpando a la propia víctima de una muerte violenta.