Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó este martes las reformas a la Ley de Vivienda, una iniciativa impulsada por el partido Morena y sus aliados que modifica el marco jurídico para permitir que el Infonavit y el Fovissste constituyan filiales dedicadas a la compra de terrenos, construcción, remodelación y comercialización de viviendas para venta o renta. La votación en lo general registró 356 votos a favor y 99 en contra, mientras que en lo particular la aprobación fue de 354 votos a favor y 95 en contra.
Con esta modificación legislativa, se sustituye el concepto de “vivienda digna y decorosa” por el de “vivienda adecuada” en la normativa vigente. La bancada oficialista defendió la medida como un modelo de “vivienda del bienestar”, argumentando que permitirá una mayor intervención del Estado en el mercado inmobiliario para garantizar el acceso a la vivienda.
Por su parte, legisladores del PAN y del PRI expresaron su oposición durante el debate. La diputada Blanca Gutiérrez Garza, del PAN, objetó la reforma señalando que se traslada la carga de la construcción a los fondos de los trabajadores. Asimismo, criticó que el cambio normativo transforma a las instituciones de vivienda de ser facilitadoras de crédito a convertirse en intermediarias directas en el mercado.
De manera paralela a la aprobación legislativa, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, anunció un programa de vivienda social con respaldo federal en la entidad. El mandatario informó una inversión autorizada de 10,000 millones de pesos, con lo cual se elevó la meta de construcción de 33,800 a 65,000 viviendas. Según los datos presentados, en Sonora hay actualmente 9,694 viviendas en construcción y 18,126 en etapa de planeación.
La aprobación de estas reformas marca un cambio significativo en la política habitacional del país, al integrar a los organismos de vivienda de los trabajadores como actores directos en la producción de inmuebles, una decisión que genera posturas encontradas entre los distintos grupos parlamentarios respecto al uso de los recursos de los derechohabientes.