Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- La Cámara de Diputados aprobó el 24 de marzo de 2026 una reforma a la Ley de Vivienda con 354 votos a favor y 95 en contra, en una sesión que marca un avance legislativo en materia de derechos sociales. Simultáneamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo públicos sus datos de donaciones a instituciones educativas y de justicia, aunque surgieron cuestionamientos sobre la asignación de recursos para eventos sindicales en contraste con la cancelación de becas.
La modificación a la normativa de vivienda fue impulsada en el marco del proyecto Viviendas del Bienestar, que en San Pedro contempla la construcción de 2,490 casas. La aprobación en el pleno legislativo se dio pese a que más del 55% de la población ocupada en México trabaja en el sector informal, un dato que subraya la complejidad del acceso a créditos habitacionales tradicionales.
En el ámbito judicial, la SCJN informó que en 2024 donó 7 millones de pesos a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 3.4 millones a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. En los últimos años, el total de recursos destinados por el alto tribunal para estos fines asciende a 32.5 millones de pesos, reflejando un compromiso institucional con la ciencia y la capacitación jurídica.
Sin embargo, existe una contradicción señalada en la gestión financiera del Poder Judicial. Mientras que en 2025 se cancelaron los donativos para becas de la UNAM y la asociación mencionada por falta de presupuesto, ese mismo año se destinaron 1.5 millones de pesos al Sindicato del Poder Judicial para la organización de eventos. Entre 2021 y 2024, la suma erogada para fines sindicales alcanzó los 10.2 millones de pesos.
El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, ha reconocido que, a pesar de las reformas legales y los convenios firmados para fortalecer la justicia con perspectiva de género, aún no se ha alcanzado la equidad real entre hombres y mujeres en el país. Datos del poder judicial indican que en Quintana Roo, 62 de los 117 cargos judiciales son ocupados por mujeres, lo que representa un avance significativo en la paridad local.
La agenda legislativa y judicial continúa activa en otros frentes. La Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlali Hernández Mora, mantiene la promoción de políticas de igualdad, mientras que en la Alcaldía La Magdalena Contreras, bajo la administración de Fernando Mercado Guaida, se discuten temas de desarrollo urbano. Asimismo, la Iglesia católica mexicana y el Congreso de la Ciudad de México han participado en debates recientes sobre derechos sociales y familiares.
Las acciones combinadas del Congreso de la Unión, la SCJN y gobiernos locales evidencian una dinámica política descentralizada donde conviven avances en derechos con tensiones presupuestales. La reforma a la Ley de Vivienda y los criterios de la Suprema Corte sobre asignación de fondos definirán el panorama social y jurídico en los próximos meses.