San Miguel Amatitlán, 14 de junio de 2026.- Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, fue asesinado el 13 de junio de 2026 por un comando armado. El alcalde había sufrido extorsión y amenazas previas, manifestando en ocasiones directas que temía por su vida, pero no aceptó las condiciones del crimen organizado.
Semanas antes del homicidio, el edil fue víctima de un ataque y un secuestro virtual perpetrado por sujetos armados. Durante una mesa regional de seguridad celebrada el 11 de mayo, Bravo Martínez solicitó protección ante la situación de riesgo; aunque se le prometió la asignación de escoltas, estos nunca llegaron a hacerse presentes.
Tras el crimen, Jorge Romero señaló: “Un alcalde más que no se dejó extorsionar por la delincuencia organizada”. Por su parte, el PAN indicó que “Joel Bravo Martínez había manifestado de manera directa que temía por su vida” y exigió a las autoridades federales, estatales y ministeriales “una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer este crimen, castigar a los responsables y garantizar que no quede impune”.
La Fiscalía de Oaxaca informó que iniciará las investigaciones para esclarecer el asesinato del presidente municipal. Asimismo, el Gabinete de Seguridad federal declaró que apoyará al gobierno de Oaxaca para detener a los responsables. En un comunicado, las autoridades federales afirmaron: “Respecto al lamentable homicidio del presidente municipal de San Miguel Amatitlán, Oaxaca, Joel Bravo Martínez, las autoridades federales mantienen coordinación permanente con @GobOax para apoyar las investigaciones y detener a los responsables. No habrá impunidad”.
El Gabinete de Seguridad añadió que ha reforzado su presencia en la zona con un despliegue operativo para proteger a la población y fortalecer las labores de seguridad. Alejandro Moreno condenó con firmeza el asesinato, asegurando que “su ejecución no es un hecho aislado” y criticando la incapacidad del gobierno federal para garantizar la seguridad. “Cada alcalde asesinado representa un ataque directo contra las instituciones democráticas y contra el derecho de las comunidades a vivir en paz”, agregó.