Por Monserrat Californias
El embarazo adolescente continúa siendo una de las problemáticas más alarmantes en México. Según el INEGI, tan solo en 2022 se registraron más de 267 mil nacimientos de madres adolescentes, de los cuales 7,255 fueron de niñas menores de 15 años.
Es decir, cada día al menos 20 niñas mexicanas enfrentan una maternidad prematura que compromete su desarrollo físico, emocional, educativo y social. Aunque ha habido avances en la reducción de estas cifras, el descenso ha sido lento e inequitativo en todo el país.
En cifras absolutas, el Estado de México encabeza la lista con 11,742 nacimientos de madres adolescentes en 2023, seguido por Chiapas, Puebla, Veracruz y Jalisco. Pero el problema se vuelve aún más grave cuando se analizan los datos proporcionalmente.
Estados como Oaxaca, Michoacán, Guerrero y Veracruz superan el 6% de nacimientos de madres menores de edad, lo que revela profundas brechas en el acceso a servicios de salud sexual, educación y justicia social.
Las consecuencias de estos embarazos van más allá del número: la OMS advierte que las niñas entre 10 y 19 años corren un riesgo mucho mayor de complicaciones como eclampsia, infecciones y partos prematuros. Además, sus bebés suelen nacer con bajo peso y presentan problemas neonatales, lo que perpetúa ciclos de pobreza y exclusión. La maternidad forzada a edades tempranas roba la infancia y limita el futuro de miles de niñas.
Combatir esta crisis requiere una estrategia integral: educación sexual científica y sin estigmas desde la infancia, acceso gratuito y confidencial a anticonceptivos, y servicios de salud reproductiva culturalmente pertinentes. La realidad es clara: casi el 60% de los adolescentes sexualmente activos no usa protección, en gran parte por desinformación, tabúes y falta de recursos.
Garantizar el derecho a decidir es esencial. La despenalización del aborto, combinada con educación y acceso a anticonceptivos, ha demostrado en otros países que reduce los embarazos no deseados. México debe seguir ese camino: solo con un enfoque de derechos, justicia y equidad se podrá romper el ciclo de maternidad forzada en la adolescencia.