Por Redacción
Washington, 20 de marzo de 2026.- Una coalición conformada por 24 estados, una docena de ciudades y condados de Estados Unidos presentó una demanda legal contra la administración de Donald Trump y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) por la revocación de las limitaciones a los gases de efecto invernadero. La acción judicial fue ingresada ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia el 19 de marzo de 2026, argumentando que la agencia federal actuó ilegalmente al eliminar protecciones ambientales establecidas.
El núcleo de la controversia radica en la decisión de la administración Trump, tomada en febrero de 2026, de revocar una conclusión científica emitida en 2009. Dicho dictamen histórico establecía que los gases de efecto invernadero representan una amenaza directa para la salud pública. Los demandantes sostienen que anular esta determinación contraviene el consenso científico y deja sin base legal las regulaciones de calidad del aire.
La demanda busca impugnar la validez jurídica de la acción ejecutiva que desmanteló los controles sobre emisiones contaminantes. Según los planteamientos de la coalición, la medida de la EPA no solo ignora la evidencia científica acumulada durante casi dos décadas, sino que expone a la población a riesgos sanitarios evitables. La acción legal se suma a los esfuerzos de diversos actores para frenar el desmantelamiento de la normativa ambiental federal.
Se prevé que este nuevo litigio se una a una demanda anterior presentada por grupos ecologistas, quienes también han cuestionado la reversión de las políticas climáticas. La convergencia de estas acciones legales de estados, localidades y organizaciones civiles marca una oposición coordinada frente a la política ambiental de la Casa Blanca, llevando la disputa al máximo tribunal de apelaciones del circuito.
El caso pone a prueba la autoridad de la administración para modificar regulaciones basadas en hallazgos científicos previos. Mientras la defensa del gobierno argumenta su capacidad para revaluar normas heredadas, los demandantes insisten en que la protección de la salud pública no puede ser subordinada a cambios administrativos que carecen de sustento técnico. El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia tendrá ahora la responsabilidad de determinar la legalidad de la revocación y sus implicaciones para la legislación ambiental estadounidense.