Ciudad De México, 30 de marzo de 2026.- Familias y organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas exigieron al Gobierno federal transparentar la metodología empleada para la depuración de cifras en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas (RNPDNO).
El 28 de marzo de 2026, el Contingente Contra las Desapariciones LGBTTTIQ+, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) y la Unión y Red Nacional de Búsqueda de Personas-RIAPD emitieron un comunicado conjunto manifestando su preocupación ante una actualización del RNPDNO. Los colectivos reclamaron que, en la presentación realizada el día anterior por funcionarios del Gobierno federal en Palacio Nacional, no se detalló la metodología que sustenta la clasificación de los datos.
Durante dicha presentación se estableció un total de 130 mil 178 registros para el periodo de 2026 a la fecha. De esta cifra, 46 mil 742 corresponden a expedientes con datos insuficientes para iniciar investigaciones; 40 mil 308 son casos con actividad posterior a la desaparición; y 43 mil 128 no presentan actividad. Ayer, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, indicó que sólo en 3 mil 869 de estos últimos casos se cuenta con carpeta de investigación abierta.
Grace Fernández, de Búscame Buscando Desaparecidos México, lamentó que las autoridades tampoco presentaran las acciones que llevarán a cabo para obtener más información sobre los más de 46 mil casos sin datos suficientes. “Es negar la responsabilidad que tiene el Estado”, afirmó Fernández, quien agregó que el trabajo de análisis del Registro Nacional no se consultó con las víctimas.
Jorge Verástegui, activista que busca a su hermano Antonio y a su sobrino Antonio de Jesús, desaparecidos en 2009, reconoció que el jueves pasado hubo una reunión en la Secretaría de Gobernación a la que se convocó a un grupo de familiares, pero señaló que éstos no son representativos de plataformas o movimientos amplios. En ese encuentro estuvieron presentes el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y la comisionada Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo, quienes adelantaron aspectos sobre el Registro Nacional. Verástegui calificó la situación como “un error metodológico”.
En su comunicado, las organizaciones señalaron: “El uso de criterios meramente burocráticos para dimensionar la crisis corre el riesgo de minimizar la dimensión real del delito. Una base de datos sustentada principalmente en la denuncia penal ignora la realidad de las fiscalías en México, así como el subregistro derivado de la desconfianza a las instituciones y la falta de condiciones de seguridad para denunciar”. Colectivos y organizaciones civiles reprocharon que “continúa la estrategia de minimizar”.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) indicó que acotar a 43 mil 128 el número de desaparecidos reduce la dimensión de la crisis. María Luisa Aguilar, directora de la organización, recordó que la base de datos, que surgió desde 2017, se nutre de información de fiscalías, comisiones locales y reportes de las familias.