El Senado de la República aprobó, con 86 votos a favor y 42 en contra, la reforma constitucional que transfiere el control de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La propuesta, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue respaldada por senadores de Morena y sus aliados, así como por el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien votó a favor de la iniciativa.
En contraste, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano manifestaron su rechazo, calificando la medida como una consolidación de la militarización del país.
La reforma fue discutida durante una sesión de más de ocho horas que comenzó la noche del martes y concluyó en la madrugada del miércoles.
El dictamen modifica varios artículos de la Constitución, incluyendo el 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129, y otorga a la Guardia Nacional la facultad de investigar delitos, lo cual, según la oposición, representa un paso hacia la militarización de las tareas de seguridad pública.
El texto aprobado establece que “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función”.
Asimismo, la reforma define a la Guardia Nacional como una “fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personal de origen militar con formación policial, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.
Uno de los aspectos más controvertidos de la reforma es que establece que la persona titular de la Comandancia de la Guardia Nacional deberá ostentar el grado de general de División de la Guardia Nacional en activo y será designada por el presidente de la República, a propuesta de la Sedena.
“El último clavo”
Durante la sesión, el senador por Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, calificó la reforma como “el último clavo al féretro de la seguridad civil” y afirmó que la medida representa una militarización de la seguridad pública, a pesar de los intentos del gobierno por negar dicho término.
Colosio Riojas argumentó que el número de militares en las calles de México ha aumentado considerablemente en los últimos años, superando en cantidad a las fuerzas policiales civiles.
Por su parte, el senador panista Ricardo Anaya comparó la situación actual con los niveles de violencia previos a la militarización de la seguridad en México, señalando que, en el sexenio de Vicente Fox, se registraban alrededor de 60 mil homicidios, mientras que en la administración de López Obrador esa cifra podría superar los 200 mil.
Anaya criticó el desempeño de la Guardia Nacional, argumentando que, a pesar de los altos índices delictivos, el cuerpo de seguridad realizó solo 3 mil detenciones el año pasado, de acuerdo con el último informe de la propia institución.
En representación de Morena, la senadora Citlalli Hernández defendió la reforma, asegurando que no vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos. Hernández subrayó que la seguridad ciudadana es un derecho garantizado por el Estado y afirmó que la reforma no limita las garantías individuales de la población.
Omar García Harfuch, senador por Morena y próximo secretario de Seguridad Pública, justificó el modelo de la Guardia Nacional, señalando que está inspirado en cuerpos policiales exitosos a nivel internacional, como los Carabineros de Italia, la Gendarmería de Francia y la Guardia Civil de España, que operan bajo la jurisdicción de sus ministerios de Defensa.
En contraste, la senadora panista Lily Téllez criticó duramente la reforma, acusando a Morena de militarizar el país, una medida que, recordó, el propio López Obrador rechazaba antes de llegar a la presidencia.
Téllez también recordó que el Presidente había ordenado a la Guardia Nacional no detener a delincuentes en ciertas situaciones, lo que, según ella, fue parte de un supuesto pacto con criminales.
Debate tenso
A pesar de los esfuerzos de la oposición por convencer a las bancadas oficialistas de los riesgos que implica la militarización de la seguridad pública, la mayoría de Morena y sus aliados se mantuvo firme en su respaldo a la reforma.
El líder del PAN, Marko Cortés, advirtió que la militarización no es la solución a la violencia en el país y afirmó que el sexenio de López Obrador será recordado como “el sexenio de la muerte”, debido al elevado número de homicidios registrados.
Cortés también lanzó una crítica directa a Morena, acusándolos de abusar de su mayoría en el Senado y de haber “comprado” votos o amenazado a algunos senadores para asegurar la aprobación de la reforma.
Asimismo, pidió a la bancada oficialista que se atreva a tipificar el delito de “narco terrorismo” y sugirió la creación de una policía civil de forma gradual, con base en mediciones internacionales.
En defensa de la reforma, el expriista y ahora senador de Morena, Alejandro Murat, pidió no confundir a la oposición y propuso combinar la disciplina militar con la formación policial para mejorar la seguridad en el país.
Corral y Riquelme chocan
El debate también estuvo marcado por un intercambio de acusaciones entre los exgobernadores Javier Corral (Chihuahua) y Miguel Riquelme (Coahuila).
Riquelme, ahora senador por el PRI, acusó a Corral de haber cambiado su postura, ya que, según él, cuando fue gobernador, solicitó la salida de la Guardia Nacional de su estado.
Corral, quien ahora es senador por Morena, negó esas afirmaciones y acusó a Riquelme de manipular los medios de comunicación durante su mandato para proyectar una imagen falsa de eficacia en el combate a la delincuencia.
A las 6:29 de la mañana, tras más de ocho horas de discusión, se declaró aprobada la reforma en lo general y en lo particular, y fue enviada a los 32 congresos estatales para su ratificación.
¿De qué va la reformal?
La reforma a la Guardia Nacional, previamente aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre, busca consolidar el mando militar sobre la institución, un objetivo que el presidente López Obrador ha perseguido desde su creación en 2019.
La iniciativa forma parte de un paquete de 20 reformas constitucionales presentadas por el mandatario en febrero, y modifica el artículo 21 de la Constitución para adscribir formalmente la Guardia Nacional a la Sedena.