Washington D.C., 02 de abril de 2026.- La Corte Suprema de Estados Unidos se encuentra analizando uno de los casos más importantes en materia migratoria y constitucional de los últimos años: la ciudadanía por nacimiento. El tribunal evalúa los argumentos legales presentados este miércoles respecto a una orden ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump al inicio de su segundo mandato, la cual busca negar la ciudadanía automática a bebés nacidos en territorio estadounidense cuyos padres sean migrantes indocumentados o tengan un estatus migratorio temporal.
El punto central del conflicto jurídico reside en la interpretación de la frase “sujetas a su jurisdicción” dentro de la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda de la Constitución, que establece que toda persona “nacida en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción” es ciudadana. Mientras el gobierno argumenta que dicha frase excluye a los hijos de migrantes sin estatus legal, los demandantes y buena parte de los alegatos giraron en torno al precedente del caso Wong Kim Ark de 1898, donde la Corte confirmó la ciudadanía para hijos de inmigrantes nacidos en el país.
Durante la audiencia, la mayoría del tribunal no ha tenido inconveniente en expresar su escepticismo sobre la legalidad de la orden presidencial. Se reporta que los tres jueces de tendencia progresista y, al menos, otros tres conservadores —entre ellos el presidente del Supremo, John Roberts, junto a Brett Kavanaugh y Neill Gorsuch— se inclinan por propinar un nuevo revés judicial a la Casa Blanca. El juez Brett Kavanaugh, nombrado por Trump en su primer mandato, dejó entrever con sus preguntas dos posibles soluciones al caso que revelan el rechazo general del tribunal a la postura de la Administración Trump.
La sesión marcó un hecho histórico debido a la presencia de Donald Trump en la audiencia, ya que nunca antes un presidente en funciones había asistido a una sesión de la Corte Suprema. Los magistrados, de mayoría conservadora por seis a tres, debaten ahora entre emitir una sentencia breve basada únicamente en la Ley de Inmigración de 1952 o realizar una revisión del texto constitucional para blindar la interpretación de la cláusula de ciudadanía.
La decisión definitiva sobre la legalidad de esta orden que niega la ciudadanía a niños de padres inmigrantes sin papeles o visitantes temporales se conocerá previsiblemente a finales de junio o principios de julio.