Veracruz, 24 de marzo de 2026.- La organización Greenpeace México denunció que el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México ha afectado ya 630 kilómetros de línea de costa, cifra que contrasta con los reportes oficiales de la Secretaría de Marina (SEMAR) y Petróleos Mexicanos (Pemex), quienes aseguran un avance del 85% en las labores de limpieza y niegan la presencia actual de manchas activas en patrullajes aéreos.
De acuerdo con el informe de la organización ambientalista, la mancha de crudo se extiende desde la laguna de Tamiahua, en el norte de Veracruz, hasta Paraíso, Tabasco, cubriendo casi la totalidad del Corredor Arrecifal del Suroeste, un Área Natural Protegida de más de 1.1 millones de hectáreas. Greenpeace identificó 26 sitios que carecen de atención oficial, criticando que las operaciones se han concentrado principalmente en destinos turísticos, dejando sin soporte a comunidades indígenas y afrodescendientes.
En contraste con la denuncia de la ONG, la SEMAR informó que ha recolectado 30 kilogramos de material contaminante en la playa Mata de Uva y otros 300 kilogramos en la zona de El Faro, en Alvarado. Por su parte, Pemex reportó la recuperación de 549 metros cúbicos de hidrocarburo en playas de Tabasco y descartó ser el origen del vertido, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó al director de la paraestatal, Víctor Rodríguez, para vigilar personalmente las labores de remediación.
La discrepancia en la evaluación del impacto ha generado preocupación entre los habitantes de la zona. Martina Beltrán, vecina de Tatahuicapan, y Esteban Hernández Hernández, representante de Arrecifes de Mecayapan, han señalado que las actividades económicas de pesca y turismo se han visto severamente dañadas. Ambos afectados subrayaron que los pobladores han tenido que realizar tareas de limpieza sin contar con el equipo de protección ni la capacitación adecuada, exponiendo su salud y medios de vida.
Ante la gravedad de los hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) ha sido solicitada para intervenir en la investigación, dado que las autoridades federales, incluyendo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), consideran que podría existir un delito penal detrás del evento. Aunque se manejan fechas tentativas de inicio del derrame entre el 2 y 4 de marzo, aún no se ha identificado oficialmente al barco o empresa responsable.
El gobierno federal ha descartado que esta contingencia ambiental vaya a afectar el periodo vacacional de Semana Santa, no obstante, la incertidumbre sobre el volumen total derramado y los resultados pendientes de los análisis de laboratorio del material recolectado mantienen en alerta a los sectores ecológicos y productivos de la región costera.