Torreón, 27 de marzo de 2026.- A un año del inicio de las investigaciones sobre el presunto fraude inmobiliario conocido como el ‘Cártel Inmobiliario’ en la región Lagunera, se agudiza la discrepancia entre la versión oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE) y los afectados, quienes este jueves realizaron una manifestación exigiendo justicia. Mientras la autoridad reporta 12 órdenes de aprehensión giradas y la judicialización de la mayoría de las 60 denuncias presentadas, las víctimas denuncian nula actuación, tortuguismo procesal y falta de comunicación directa con los altos mandos ministeriales.
El delegado regional de la FGE en la Laguna I, Carlos Rangel, informó que se ha establecido una estrategia de atención directa que incluye más de 20 sesiones de trabajo, tanto colectivas como individuales, con el grupo inicial de 27 afectados que reportan un daño patrimonial cercano a los 19 millones de pesos. Como resultado de estas acciones, la dependencia confirmó la detención de dos mujeres y la reaprehensión de una tercera, quien previamente había alcanzado un acuerdo reparatorio avalado por la víctima, figura legal que la autoridad defendió como válida cuando existe aceptación de la parte ofendida.
Sin embargo, la percepción de las víctimas dista de los informes oficiales. Alfonso Serrano, uno de los afectados, acusó directamente al fiscal general Federico Fernández Montañez de obstaculizar el proceso. Serrano declaró que el funcionario les ha negado la atención, citándolos a las 9:00 a.m. para atenderlos apenas hasta las 7:00 p.m., además de no responder a las llamadas realizadas a un número personal proporcionado por la propia autoridad. El afectado enfatizó que las órdenes de aprehensión carecen de utilidad práctica si no se ejecutan de manera inmediata.
Las contradicciones entre ambas partes son evidentes en el estatus de los casos. Mientras el delegado Rangel aseguró que la mayoría de las carpetas de investigación ya están integradas y judicializadas, reconociendo únicamente que faltan por localizar a dos personas señaladas como organizadores del esquema, los afectados sostienen que solo dos casos han logrado ser judicializados de un total de 60 denuncias formales. Reportes periodísticos indican que las víctimas perciben una inacción por parte de la FGE, agravada por la huida a España del exnotario Fernando Nicolás Muñoz Sanjuan, señalado como uno de los principales actores del fraude.
La tensión escaló este jueves cuando el grupo de afectados bloqueó parcialmente la circulación en las inmediaciones de la delegación regional de la FGE en Torreón. Durante la protesta, exigieron celeridad en la resolución de sus casos y castigo ejemplar para los responsables. A pesar de que el delegado regional mencionó la existencia de un grupo de WhatsApp para mantener comunicación constante y dar seguimiento puntual, los manifestantes insisten en que los canales de diálogo son insuficientes y que la estrategia de reuniones semanales, que antes se llevaban a cabo los lunes, fue suspendida sin resultados tangibles para ellos.
El caso, que involucra presuntas operaciones fraudulentas en la compraventa de terrenos y propiedades con documentos alterados, ha puesto bajo escrutinio la capacidad de respuesta de la fiscalía estatal en delitos de alto impacto económico. La autoridad mantuvo su postura de que la ley se aplicará parejo, incluso si existen señalamientos sobre la participación de funcionarios estatales o municipales, aunque aclaró que para acreditar responsabilidades adicionales es necesario avanzar en los procesos judiciales actuales. Por su parte, la FGE mantiene abiertas las puertas para recibir nuevas denuncias ante la posibilidad de que existan más víctimas que aún no han formalizado su querella.
La situación permanece en espera de la ejecución de las órdenes de aprehensión pendientes y la localización de los dos principales organizadores que cuentan con medidas cautelares pero han promovido amparos para evitar su captura. Mientras tanto, el grupo de afectados continúa en alerta, demandando que los avances reportados en papel se traduzcan en recuperaciones patrimoniales y sentencias firmes, rechazando los acuerdos reparatorios que consideren injustos o impuestos por la presión de la dilación jurídica.