Por Redacción
Ciudad de Mexico, 15 de marzo de 2026.- Organizaciones civiles mexicanas solicitaron formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que vigile el desplazamiento forzado interno en el país, que según datos oficiales afectó a 390,000 personas entre 2016 y 2024, con picos de 28,900 casos en 2024 y 15,795 durante 2025. La petición surge en un contexto donde el crimen organizado transnacional mantiene disputas territoriales en estados como Morelos y Guerrero, mientras persisten fallas en las investigaciones de ejecuciones extrajudiciales.
El desplazamiento forzado se ha documentado principalmente en regiones con presencia de grupos delictivos que disputan el control de territorios para diversas actividades ilícitas, que van más allá del narcotráfico e incluyen extorsión, tráfico de personas y control de recursos naturales. Las comunidades afectadas se ven obligadas a abandonar sus hogares ante las constantes amenazas y violencia.
Paralelamente, continúa la impunidad en casos emblemáticos. Recientemente, Javier ‘N’ fue absuelto del asesinato del activista Samir Flores Soberanes luego de que la Fiscalía federal presentara pruebas insuficientes. Dos testigos clave en este caso fueron asesinados y agentes ministeriales incurrieron en contradicciones durante el proceso judicial.
En otro caso significativo, el Estado mexicano reconoció parcialmente su responsabilidad en la ejecución extrajudicial de Bonfilio Rubio Villegas, perpetrada por elementos del Ejército, y propuso un acuerdo amistoso. Sin embargo, la familia de la víctima exige un reconocimiento expreso de la responsabilidad de las fuerzas armadas en este crimen.
Organizaciones de derechos humanos señalan que estos casos evidencian la colusión entre entidades legales, estatales y grupos criminales, lo que dificulta el acceso a la justicia para las víctimas. La incapacidad de las autoridades para proteger a testigos y realizar investigaciones robustas perpetúa un ciclo de violencia e impunidad.
La solicitud ante la CIDH busca presionar al gobierno mexicano para implementar políticas públicas efectivas que prevengan el desplazamiento forzado, protejan a las víctimas y garanticen el castigo a los responsables, tanto criminales como funcionarios que incurran en negligencia o complicidad.
Esta crisis humanitaria representa uno de los desafíos más graves en materia de seguridad y derechos humanos para la administración actual, que enfrenta el reto de desarticular redes criminales sin vulnerar garantías individuales y de proveer protección efectiva a la población civil atrapada en los conflictos territoriales.