Por Redacción
Ciudad De México, 07 de agosto de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR), ahora encabezada por Ernestina Godoy, detuvo este 7 de agosto de 2026 al exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero. El funcionario es señalado por ocultar evidencia clave, específicamente videos de cámaras de seguridad, en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Aguirre está detenido por los delitos de obstrucción de la justicia y desaparición forzada de personas.
La FGR señala a Aguirre de ordenar “una operación dolosa y deliberadamente estructurada desde la cúpula del poder”. Según la investigación, en enero de 2026 apareció un testigo colaborador que confirmó la existencia de las grabaciones y la presunta sustracción de las mismas, ordenada por funcionarios estatales. Posteriormente, en mayo pasado, un segundo testigo protegido indicó que el exgobernador ordenó expresamente desaparecer la evidencia grabada desde las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia de Iguala.
Durante la gestión anterior de la FGR, dirigida por Alejandro Gertz Manero, se había mantenido inmóvil la línea de investigación que apuntaba hacia el ocultamiento de dichos videos del Gobierno estatal. Ángel Aguirre era gobernador de Guerrero durante la noche de los hechos en Iguala. En septiembre de 2019, Aguirre participó en una reunión con padres y madres de los normalistas, invitado por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y fue citado por la FGR para declarar en calidad de testigo.
El contexto político reciente incluye un episodio ocurrido el 24 de agosto de 2025 en Xochistlahuaca, Guerrero, donde la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó un regalo de Ángel Aguirre, diciendo: “Uy, no, gracias; no recibo regalos de ellos”. Este arresto convierte a Aguirre en el segundo exgobernador ligado a la oposición procesado y detenido, después del panista de Baja California, Ernesto Ruffo.
La detención ocurre un mes antes de que se cumplan 12 años de la desaparición de los normalistas. Estos hechos suceden en medio de una polémica abierta por una nueva recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el caso Ayotzinapa, la cual suaviza los señalamientos al Ejército como responsable.