jue. Mar 19th, 2026

Por Redacción

Estados Unidos, 19 de marzo de 2026.- El Departamento de Estado estadounidense implementará a partir del 2 de abril nuevas restricciones migratorias que exigen una fianza de $15,000 dólares a solicitantes de visa de 50 países, incluyendo 12 naciones recién agregadas a este programa. La medida, enmarcada en las políticas más restrictivas de la Administración Trump, busca reducir costos de deportación mediante un mecanismo que ya muestra un 97% de cumplimiento según datos oficiales.

Los doce países que se suman al programa son Nicaragua, Camboya, Etiopía, Georgia, Granada, Lesoto, Mauricio, Mongolia, Mozambique, Papúa Nueva Guinea, Seychelles y Túnez. Estos se unen a los 38 países que ya estaban sujetos al requisito de fianza, aunque la lista completa de las naciones previamente afectadas no fue especificada en el comunicado oficial.

El Departamento de Estado justificó la expansión del programa señalando que el mecanismo ha demostrado efectividad, con un 97% de los viajeros que pagan la fianza cumpliendo con los términos de su estadía y regresando a sus países de origen. La medida busca generar ahorros estimados en $800 millones anuales, considerando que el costo promedio de una deportación ronda los $18,000 dólares.

La fianza de $15,000 dólares será reembolsable una vez que el portador de la visa salga de Estados Unidos dentro del plazo autorizado. Sin embargo, el comunicado no detalló el mecanismo exacto para la devolución del dinero ni los criterios específicos que utiliza el gobierno para incluir países en este programa.

Esta política se enmarca en el endurecimiento migratorio que caracteriza a la segunda administración de Donald Trump, quien ha promovido múltiples medidas para restringir el acceso a visas y fortalecer los controles fronterizos. La expansión del programa de fianzas refleja una estrategia financiera que traslada parte de los costos de aplicación migratoria a los propios solicitantes.

Analistas anticipan que la medida podría generar tensiones diplomáticas con algunos de los países afectados, particularmente aquellos con los que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales o estratégicas. La implementación coincidirá con otros ajustes migratorios que la administración ha venido anunciando en las últimas semanas.

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