Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que permite la cadena perpetua, modificando el artículo 27 que antes prohibía expresamente esta pena. La iniciativa del presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas contó con 61 votos a favor, incluyendo 59 diputados oficialistas y aliados más dos de oposición, en un contexto marcado por el régimen de excepción vigente desde hace cuatro años.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida calificándola como “irreversible” y necesaria para combatir la criminalidad. Sin embargo, la reforma se produce semanas después de que el Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) señalara posibles crímenes de lesa humanidad durante el régimen de excepción implementado por el gobierno salvadoreño.
La modificación constitucional elimina la prohibición absoluta de la cadena perpetua que estaba establecida en la Carta Magna salvadoreña desde 1983. El gobierno argumenta que esta medida fortalecerá su estrategia de seguridad contra las pandillas, mientras organizaciones de derechos humanos alertan sobre el deterioro del estado de derecho en el país centroamericano.
El debate sobre la reforma se enmarca en la polarizada situación política de El Salvador, donde Bukele mantiene altos niveles de popularidad pese a las críticas internacionales. La oposición política ha mostrado divisiones, con al menos dos de sus diputados apoyando la iniciativa gubernamental en la votación del martes.
No se especificó en las fuentes disponibles la fecha exacta de entrada en vigor de la reforma ni los procedimientos legales adicionales requeridos después de la aprobación legislativa. Tampoco se detalló el número total de diputados en la Asamblea Legislativa para determinar con precisión la mayoría obtenida.
Esta reforma representa un cambio histórico en el sistema penal salvadoreño y se suma a otras medidas controvertidas implementadas durante el régimen de excepción, que ha permitido la detención de más de 70,000 presuntos pandilleros según cifras oficiales, aunque organizaciones humanitarias denuncian numerosas detenciones arbitrarias.