Por Redacción
San Salvador, 20 de marzo de 2026.- Los ministros de Seguridad y de Defensa de El Salvador, Gustavo Villatoro y Francis Merino respectivamente, impulsaron una propuesta legislativa para imponer prisión perpetua a menores de edad que cometan asesinatos o violaciones, ampliando así el alcance de la reforma constitucional aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa. La iniciativa busca modificar el límite de condena actual, que establece un máximo de 60 años de cárcel para adolescentes infractores.
La propuesta surge como extensión de la reforma constitucional aprobada el martes 17 de marzo, la cual eliminó la prohibición de la pena de por vida en la Carta Magna salvadoreña para aplicarla a homicidas, violadores y terroristas adultos. Ahora, el Ejecutivo busca equiparar la responsabilidad penal de los menores en casos de delitos graves, sometiendo la norma a discusión y aprobación legislativa en los próximos días.
Hasta el momento, la legislación salvadoreña establecía que la condena máxima para menores era de 60 años, un techo que el gobierno de Nayib Bukele considera insuficiente ante la gravedad de los crímenes de sangre y agresiones sexuales. Aunque la investigación no detalla la edad específica que define a los menores bajo esta nueva propuesta ni el nombre técnico del proyecto de ley, los funcionarios han dejado claro que la medida apunta a endurecer las sanciones penales sin distinción de edad en delitos atroces.
Los ministros Gustavo Villatoro y Francis Merino realizaron declaraciones públicas para respaldar la iniciativa, alineándose con la política de mano dura que caracteriza a la administración actual. La presentación de la propuesta ante el Congreso ocurrió el jueves 19 de marzo, un día después de la entrada en vigor de la reforma para adultos, marcando un paso acelerado en la reestructuración del sistema de justicia penal del país.
Esta movida legislativa consolida el cambio de paradigma en la Constitución de El Salvador, donde anteriormente la prisión perpetua estaba expresamente prohibida. La extensión de esta pena a la población menor de edad representa un giro significativo en la doctrina legal del país, priorizando la severidad del castigo sobre las normas tradicionales de justicia juvenil.
Se espera que la Asamblea Legislativa discuta y vote la iniciativa en los próximos días, completando así el marco jurídico que permitirá sentencias de cadena perpetua para cualquier persona, independientemente de su edad, que sea condenada por homicidio, violación o terrorismo. La medida se suma al contexto de seguridad que el gobierno mantiene como eje central de su gestión.