Phoenix, 27 de marzo de 2026.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra dos ciudadanos de Arizona por vender armas a sabiendas de que serían traficadas a México para abastecer a los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa, grupos criminales designados como organizaciones terroristas extranjeras en febrero de 2025.
Los acusados son Laurence Gray, de 65 años, propietario de la armería Grips by Larry, y Barrett Weinberger, de 73 años. Según la acusación, ambos intentaron suministrar armas a estos grupos criminales en al menos cinco ocasiones entre febrero y mayo de 2025, valiéndose de su licencia federal para la venta de armamento.
La acusación modificada presentada esta semana incluye delitos de conspiración e intento de proveer apoyo material a una organización terrorista designada, además de tráfico de armas de fuego y complicidad en la compra fraudulenta mediante intermediarios. Gray enfrenta una pena de decenas de años de cárcel y varios cientos de miles de dólares de sanción si es condenado.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, los acusados vendieron y apoyaron en el traslado de pistolas, ametralladoras semiautomáticas e incluso un rifle Barrett calibre 50, que mediante terceras personas habrían acabado en manos de estos grupos criminales. Las penas por cada delito van de los 10 a los 20 años de prisión.
La armería Grips by Larry estaba ubicada a menos de 15 minutos de la frontera con Naco, Sonora. Este caso se presenta como una de las primeras acusaciones criminales por apoyo material al terrorismo contra un armero por vender armas a estos grupos después de su designación como organizaciones terroristas extranjeras.
El CJNG y el Cártel de Sinaloa fueron designados como Organizaciones Terroristas Extranjeras por el Departamento de Estado de Estados Unidos el 20 de febrero de 2025, bajo la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. La condena por conspiración para proporcionar apoyo material a una organización terrorista designada conlleva una pena máxima de 20 años de prisión y multa de hasta 250 mil dólares.
Esta acusación surge en un contexto donde México ha presionado desde hace años para que Estados Unidos tome medidas más contundentes contra el tráfico ilegal de armas desde territorio estadounidense, que según autoridades mexicanas nutre la violencia en el país. El gobierno mexicano había demandado anteriormente ante una corte de Arizona a cinco tiendas de armas por participar en el tráfico de armamento hacia México.