Por Redacción
San Bernardino, 27 de agosto de 2026.- Janet González, una estudiante de 16 años y ciudadana estadounidense que cursa décimo grado en San Bernardino, enfrenta la incertidumbre de que sus padres puedan ser detenidos por las autoridades migratorias. Su padre, Marcos, un trabajador de la construcción de 50 años originario de El Salvador, ha vivido en Estados Unidos durante 25 años tras huir de la violencia en su país de origen.
Marcos obtuvo un permiso de trabajo y protección humanitaria frente a la deportación gracias al Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa creado por el Congreso en 1990. Sin embargo, la Administración Trump, tanto en su primer como en su segundo mandato, ha intentado poner fin a este beneficio. El pasado 25 de junio, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo dictaminó, por seis votos contra tres, que la administración tiene la facultad de terminar el TPS para inmigrantes de Haití y Siria.
Esta decisión podría afectar a 1,3 millones de personas, incluyendo a Marcos y a otros 170.000 salvadoreños que podrían perder su estatus protegido el próximo 9 de septiembre. La situación ha impactado directamente en el rendimiento académico de Janet. “A veces estoy en la escuela y no puedo concentrarme en mis tareas porque estoy pensando en mis padres y preguntándome si siguen en casa o si ya se los llevaron”, afirmó la joven.
Ante este clima de temor, en la escuela secundaria Alliance Cindy and Bill Simon Technology High School se ha colocado un tablón titulado ‘Conoce tus derechos’, el cual informa sobre cómo actuar ante los controles de inmigración federales. Lorena Reynoso, subdirectora de la institución, señaló que “los alumnos se detienen a mirarlo”.
El impacto de estas políticas migratorias en la asistencia escolar ya se ha observado en otras regiones. El pasado noviembre, el distrito escolar de Los Ángeles informó que la asistencia cayó en unos 7.000 alumnos más de lo previsto, debido a que muchos niños de familias inmigrantes dejaron de acudir a clase. Asimismo, disminuyó la inscripción de recién llegados, registrando las cifras actuales una reducción del 4%.