Ciudad Juárez, 28 de marzo de 2026.- A tres años del incendio en la estancia del Instituto Nacional de Migración (INM) que dejó 40 migrantes fallecidos y 27 lesionados, organizaciones defensoras de derechos humanos realizaron una vigilia en el puente internacional Santa Fe para exigir verdad y reparación integral del daño, acusando que el Estado se niega a otorgar reconocimiento legal como víctimas a las mujeres sobrevivientes.
Durante el acto conmemorativo, representantes de Derechos Humanos Integrales en Acción, Hope Border Institute, Servicio Jesuita a Refugiados y Casa del Migrante de la Diócesis de Juárez denunciaron que los responsables de mayor jerarquía se benefician de procesos penales desiguales. Señalaron específicamente al ex comisionado del INM, Francisco Garduño, quien continúa acusado por ejercicio ilícito del servicio público mientras ocupa otro cargo público.
La falta de justicia efectiva afecta a las 82 víctimas registradas en la tragedia, compuesta por las 40 personas fallecidas, 27 hombres y 15 mujeres sobrevivientes. Hasta la fecha, no existen sentencias firmes contra funcionarios del instituto, personal de seguridad privada u otros involucrados, manteniéndose un escenario de impunidad para los principales responsables.
En paralelo, se llevó a cabo un conversatorio en la Ciudad de México donde participaron Fundación para la Justicia, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Derechos Humanos Integrales en Acción. En este espacio se expusieron las deficiencias continuas en la reparación del daño y el estatus actual de los procesos judiciales.
Lorena Cano, representante del Imumi, indicó que no todas las personas que vivieron la tragedia han recibido compensación económica. Destacó el caso de 15 mujeres que no han sido reconocidas como víctimas bajo el argumento oficial de que no sufrieron lesiones físicas, lo que les impide acceder a los mecanismos de reparación establecidos.
De acuerdo con la información presentada por las organizaciones civiles, actualmente solo cuatro personas se encuentran en prisión relacionadas con el caso, mientras que otras siete continúan su proceso penal en libertad. Las agrupaciones enfatizaron que el incendio no es un caso cerrado y demandaron al Estado mexicano cumplir con sus obligaciones hacia las víctimas directas e indirectas.