Ciudad De México, 30 de mayo de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó del desmantelamiento de ‘El Caballito’, una red criminal dedicada al lavado de dinero y a la falsificación de facturas. La operación derivó en la detención de dos de sus líderes, identificados en las fuentes como Maikol ‘N’ o Michael ‘N’, y Salvador ‘N’, así como de otros seis presuntos integrantes: Laura ‘N’ (o Laura Belén ‘N’), Luis ‘N’, Manuel ‘N’, Elda ‘N’, Montserrat ‘N’ (o Monserrat ‘N’) y Lilia ‘N’.
Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, explicó que el esquema fraudulento era gestionado por personas que “diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas”. El funcionario añadió que la agrupación “construye empresas fachada que generan comprobantes fiscales falsos” para reducir la carga fiscal de sus clientes mediante operaciones inexistentes.
El operativo logístico, realizado por bloques, contó con la participación de 440 elementos de seguridad y procuración de justicia. Se ejecutaron cateos en 30 inmuebles ubicados en los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. En las acciones participaron agentes perimetrales, ministerios públicos federales y peritos especializados en criminología, contabilidad, informática forense, fotografía y video.
Como resultado de las diligencias, se aseguraron 11 domicilios, 14 vehículos y dos motocicletas. Asimismo, se decomisaron miles de pesos mexicanos y diversas cantidades de moneda extranjera, entre ellas 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 50 coronas danesas.
La investigación determinó que la agrupación ‘El Caballito’ operaba a través de 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas, cuyos domicilios fiscales se encuentran en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo. Los trabajos fueron realizados en coordinación entre la Fiscalía Especial, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).