Ciudad De México, 28 de mayo de 2026.- La Fiscalía Capitalina separó de sus cargos a tres funcionarios debido a presuntas conductas de corrupción y omisiones en la investigación del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años hallada muerta el 17 de abril en un edificio de la alcaldía Benito Juárez. La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó la medida y aseguró que “no podemos permitir que haya funcionarios que actúen de esta manera”, mientras la fiscal Bertha Alcalde Luján admitió un retraso “injustificable” en la respuesta institucional.
De acuerdo con las autoridades, los tres elementos removidos son: un ministerio público que omitió proporcionar información sobre el domicilio de la víctima; un policía de investigación señalado por presuntamente solicitar dinero a la familia para acelerar la búsqueda; y un segundo policía del turno siguiente que no realizó la visita a la dirección indicada. La fiscal Alcalde Luján calificó como “indignante” que la familia haya señalado con precisión el paradero desde un primer momento sin que se actuara con la inmediatez requerida.
En conferencia, la titular de la Fiscalía reconoció explícitamente una “dilación de 15 horas desde que se contaba con ese dato específico”, refiriéndose a la última ubicación del celular de Valdés Zaldívar proporcionada por sus parientes, lo cual “no se justifica de ninguna manera y será sancionado”. Los familiares reportaron la desaparición el 15 de abril, tras perder contacto con la joven cuando se dirigía a una entrevista de trabajo, aportando incluso material de cámaras de seguridad obtenido por un investigador privado.
A pesar de contar con la ubicación en el edificio de Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco, las autoridades llegaron al inmueble hasta las 20:30 horas del 16 de abril. En ese momento no pudieron ingresar de inmediato debido a que la administradora del complejo negó el acceso y afirmó que la víctima no había entrado. La administración y el vigilante del inmueble ya se encuentran declarando sobre el feminicidio, bajo la sospecha de obstrucción de justicia.
Respecto a las causas de la muerte, existe información divergente en los reportes iniciales. Por un lado, la fiscal Bertha Alcalde Luján informó que la víctima fue asesinada con un desarmador encontrado en la caseta de vigilancia, presentando heridas en el tórax provocadas por dicho objeto. Por otro lado, primeras valoraciones médicas citadas indican que el cuerpo presentaba golpes muy fuertes como probable causa del deceso, hipótesis que deberá confirmarse mediante la necropsia para determinar la hora aproximada de la muerte.
La investigación también indaga si los funcionarios obstaculizaron el proceso al solicitar a la familia esperar 72 horas para abrir la carpeta de investigación, un procedimiento contrario a la ley. Sobre el avance del caso contra los autores materiales, Clara Brugada declaró: “De ninguna manera va a quedar este caso impune. Sabemos que ya hay un detenido y que se están investigando todos los puntos”.