Por Redacción
Nueva York, 20 de marzo de 2026.- Las fiscalías federales de Manhattan y Brooklyn, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), han iniciado una investigación sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por supuestos vínculos con el narcotráfico. La revelación fue reportada por el periódico The New York Times, que citó a tres personas familiarizadas con el asunto, aunque las autoridades estadounidenses se han reservado comentarios oficiales sobre el alcance y la evidencia concreta de las indagatorias.
Nicholas Biase, portavoz de la Fiscalía Federal de Manhattan, declinó hacer comentarios al respecto cuando fue consultado por los medios. De igual forma, no se ha obtenido una respuesta oficial de la Presidencia de Colombia ante la solicitud de comentarios sobre estas acusaciones, ni declaraciones del portavoz de la Fiscalía Federal de Brooklyn que permitan precisar el estatus específico de las investigaciones más allá de confirmar que se encuentran en fase inicial.
Esta acción legal ocurre en un contexto de deterioro en la relación bilateral entre Estados Unidos y Colombia, la cual atraviesa tensiones significativas desde enero de 2025, tras el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump. Las discrepancias diplomáticas se han agudizado debido a la negativa de Colombia a recibir vuelos militares estadounidenses con deportados y la reciente descertificación del país sudamericano por parte de Washington en materia de lucha antidrogas.
La investigación marca un punto crítico en la dinámica política entre ambas naciones, poniendo bajo escrutinio directo al jefe de Estado colombiano. Sin embargo, hasta el momento no se han hecho públicas evidencias concretas sobre supuestas reuniones o solicitudes de donación que fundamenten las acusaciones, manteniéndose la información en un nivel preliminar según lo reportado por las fuentes consultadas.
Ante la falta de detalles oficiales sobre la naturaleza de las pruebas y el procedimiento legal a seguir, la situación genera incertidumbre sobre los próximos pasos que tomarán tanto el Departamento de Justicia de Estados Unidos como el gobierno de Petro. La ausencia de confirmación formal por parte de los involucrados directos mantiene el caso en un plano de especulación mediática, a la espera de que las fiscalías o la Casa Blanca emitan comunicados que aclaren la gravedad y el rumbo de las indagatorias.