Ciudad De México, 04 de junio de 2026.- Los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, rechazaron públicamente las versiones que señalan que Estados Unidos les habría retirado la visa y que estarían bajo investigación federal por presuntos vínculos con el crimen organizado.
La controversia surgió tras un reporte del diario estadounidense Los Angeles Times, elaborado por Steve Fisher y Kate Linthicum, el cual indicó que ambas autoridades estatales están siendo investigadas y que habrían sido despojadas de sus visas, aunque continuarían ingresando al país vecino mediante autorizaciones especiales. El medio señaló específicamente a Villarreal por tráfico de combustible pirata.
En respuesta, el gobierno de Tamaulipas, a través de su vocero Gerardo Algarín, negó de manera categórica y contundente la acusación. Algarín declaró que lo publicado se trata de “señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde”.
Por su parte, Alfonso Durazo afirmó que mantiene vigente su documento migratorio y aseguró no haber recibido notificación alguna por parte de las autoridades estadounidenses. “No muerdan todos los anzuelos. Esa nota no tiene absolutamente ninguna fuente. Tengo mi visa vigente, no tengo complicidades ni con grupos criminales, pero tampoco compromiso de colaboración con ningún país extranjero”, dijo el mandatario sonorense.
Durazo agregó que siempre ha actuado con integridad y transparencia, comentando que “casi sudo agua bendita” ante tales señalamientos. Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado este tipo de acciones como posibles actos de injerencia que tensan la relación bilateral entre México y Estados Unidos.
Ante el trascendido en medios internacionales, la vocera del gobierno de Arizona, Lilian Soto, informó que se sigue de cerca la situación. “Hemos visto los reportes sobre funcionarios mexicanos y estamos monitoreando la situación de cerca… Cualquier vínculo con el crimen organizado sería inaceptable, y cualquier persona que resulte culpable debe responder ante la ley”, manifestó Soto.