Por Redacción
La República, 17 de marzo de 2026.- El gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, envió al Senado de la República el denominado Plan B de la reforma electoral, una propuesta más acotada que la originalmente presentada y que fue rechazada por los aliados legislativos. La nueva iniciativa se centra en dos ejes principales: establecer un tope presupuestal para los congresos locales equivalente al 0.7% del presupuesto estatal y eliminar las regidurías en los ayuntamientos, medidas que según el gobierno representan un ahorro proyectado de cuatro mil millones de pesos.
El envío de este paquete legislativo se produce después de que la reforma integral, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, fuera rechazada el pasado 11 de marzo por el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), socios de la coalición oficialista. Ante el bloqueo, el gobierno optó por negociar una versión reducida que incluyera únicamente los puntos en los que existía consenso con sus aliados.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, fue la encargada de coordinar las reuniones y presentar la iniciativa consensuada. Según los datos proporcionados, el presupuesto actual de los congresos estatales asciende a 18,429,929,000 pesos, por lo que el nuevo tope del 0.7% buscaría generar una reducción significativa, en línea con la política de austeridad republicana que pregona el gobierno.
Desde el PVEM, el senador Manuel Velasco respaldó la medida, señalando que representa un avance hacia la eficiencia del gasto. Sin embargo, la iniciativa llega al Senado con expectativas divididas y se anticipa un debate intenso, particularmente sobre la eliminación de las regidurías, que podría afectar la estructura política municipal en todo el país.
El contexto político de esta maniobra es claro: el gobierno necesita demostrar avances en su agenda de reformas tras una derrota legislativa significativa. El éxito o fracaso de este Plan B electoral será un termómetro de la capacidad de la cuarta transformación para negociar y consolidar acuerdos en un Congreso donde no cuenta con una mayoría calificada por sí sola.