Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- El sistema de justicia penal en México enfrenta una crisis profunda, donde únicamente 1 de cada 10 casos logra una resolución efectiva, mientras que la violencia contra autoridades deja un saldo de 82 policías asesinados en los primeros meses del año. Datos presentados por organizaciones civiles destacan la alta impunidad y el riesgo que enfrentan los cuerpos de seguridad.
De acuerdo con el estudio ‘Radiografía de la Impunidad en México: Hallazgos del Sistema de Justicia Penal 2024’, elaborado por México Evalúa con base en información del INEGI, el 93.8% de las denuncias derivan en una carpeta de investigación, pero solo el 6.28% de los delitos llega a una acción penal. Esto significa que la gran mayoría de los procesos no avanzan hacia una sanción o resolución concluyente.
La cifra de resolución efectiva se sitúa en 10.55%, lo que refleja que la mayor parte de los delitos cometidos en el país quedan sin castigo. En estados como Coahuila, el 90.7% de los delitos no se denunciaron, mientras que en Durango la cifra de no denuncia alcanza el 92.6%, lo que agrava el panorama de impunidad en dichas regiones.
En paralelo, la organización Causa en Común informó que entre enero y el 10 de marzo de 2026 fueron asesinados 82 policías en México. Este dato subraya la vulnerabilidad de las corporaciones de seguridad en el ejercicio de sus funciones, sumando otro elemento crítico a la crisis del sistema de justicia.
Las cifras presentadas por México Evalúa y Causa en Común ponen en evidencia las dos dimensiones de la crisis: por un lado, la incapacidad del sistema judicial para procesar y sancionar delitos, y por otro, la violencia letal que afecta a quienes tienen la tarea de investigar y prevenir el crimen.
El reporte de México Evalúa se basa en datos del INEGI y ofrece un análisis detallado de las etapas del proceso penal, desde la denuncia hasta la sentencia. Por su parte, Causa en Común monitorea de manera continua los ataques contra policías en todo el territorio nacional, registrando cada incidente para documentar el costo humano de la inseguridad.
Ante este escenario, los datos sugieren que la confianza en las instituciones de justicia y seguridad se encuentra debilitada, lo que puede incentivar la no denuncia de delitos y perpetuar el ciclo de impunidad. La combinación de baja resolución de casos y altos niveles de violencia contra policías representa un desafío central para la política de seguridad pública en el país.