vie. Mar 27th, 2026
Alumnas de secundaria en Tijuana hostigaban compañeras para prostituirlas

Tijuana, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) inició una investigación por los delitos de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada, tras detectarse una presunta red de hostigamiento al interior de la Escuela Secundaria No. 6 Ignacio Zaragoza, ubicada en la colonia Altamira de este municipio.

De acuerdo con la Carpeta de Investigación 0204-2026-2349, integrada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razones de Género, el caso involucra a cuatro menores de edad: dos alumnas de 13 y 14 años señaladas como presuntas hostigadoras, y dos víctimas, una de ellas menor de 13 años. Las diligencias fueron activadas a raíz de una denuncia ciudadana presentada por la madre de una de las afectadas, quien alertó sobre hechos difundidos inicialmente en redes sociales.

Hortencia Noriega, titular de la Fiscalía de Género, confirmó que las autoridades ministeriales trabajan en la integración de datos para determinar la responsabilidad penal de las involucradas. Aunque el foco inicial recae en el entorno escolar, la fiscalía señaló que no se descarta la posible participación de mayores de edad en la dinámica de explotación, extremo que será profundizado durante el proceso indagatorio.

El caso ha puesto en alerta a la comunidad educativa de la institución situada sobre la Avenida Buenos Aires, donde se habrían registrado los hechos de hostigamiento. La investigación busca esclarecer si existió una operación organizada para la captación o coerción de las menores, dado que el tipo penal investigado contempla escenarios de gravedad superior al acoso convencional.

Mientras la FGE avanza en la recolección de pruebas y testimonios, se mantiene la reserva legal sobre la identidad completa de las alumnas, tanto de las presuntas agresoras como de las víctimas, en apego a la legislación de protección a menores. Las autoridades competentes continuarán con las actuaciones necesarias para definir el alcance de la red y asegurar la justicia para las familias afectadas.

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