Jerusalén, 31 de marzo de 2026.- La Knesset (Parlamento israelí) aprobó una ley que permite la pena de muerte por ahorcamiento para palestinos condenados por terrorismo en los tribunales militares de Cisjordania. La votación resultó en 62 votos a favor y 48 en contra, según una fuente, mientras que otra reporta 64 votos a favor y 48 en contra. El primer ministro Benjamín Netanyahu votó a favor de la medida.
La normativa, cuyo principal impulsor fue el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, obliga a los tribunales militares a castigar con la pena capital el asesinato de israelíes en ‘actos de terrorismo’. Los jueces solo podrán optar por la cadena perpetua si aprecian ‘circunstancias especiales’. La decisión de imponer la sentencia no requiere unanimidad, bastando con una mayoría simple, y la ley elimina el derecho de apelación.
Además, la legislación exige que la sentencia se dicte en un plazo de 90 días y permite la realización de ejecuciones secretas por ahorcamiento. También impone un régimen de aislamiento casi total a los condenados a muerte. Esta ley se aplica exclusivamente en tribunales que juzgan a acusados palestinos; los colonos israelíes en Cisjordania están sujetos a la legislación civil y no serían juzgados en estas instancias militares.
La norma no se aplicará retroactivamente a los detenidos por los ataques del 7 de octubre de 2023, aunque la Knesset está tramitando otra iniciativa legislativa que sí prevé aplicar este castigo a posteriori para esos casos específicos. Ben Gvir calificó la aprobación como “un día de justicia para las víctimas y un día de disuasión para nuestros enemigos”, afirmando: “No más puertas giratorias para los terroristas, sino decisiones claras. Quien elige el terrorismo, elige la muerte”.
El ministro describió la medida como “una ley histórica” y declaró: “Hoy devolvemos el orgullo al pueblo de Israel […] Hay actores en la UE que nos quieren ver como el 7 de octubre [de 2023, el ataque de Hamás]: muertos, callados y otra vez secuestrados”. Por su parte, la Presidencia de la Autoridad Palestina condenó la ley, tildándola de ‘racista’ y una ‘flagrante violación del derecho internacional humanitario’.
En respuesta, la autoridad palestina emitió un comunicado señalando: “Estas leyes no van a quebrar la voluntad del pueblo palestino ni socavar su resistencia, ni lo disuadirá de seguir con su lucha legítima por la libertad, la independencia y el establecimiento de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este como capital”.