Ciudad de Mexico, 12 de julio de 2026.- El presidente Javier Milei impulsa una ‘revolución de los seguros’ con el objetivo de sustituir servicios estatales por pólizas privadas. Esta iniciativa forma parte de un paquete de medidas con el que Milei pretende relanzar su gestión y recuperar la iniciativa política tras la crisis generada por el escándalo de corrupción de su exjefe de gabinete, Manuel Adorni.
Milei considera al Estado “una organización criminal”, “peor que la mafia” y lo define como “un prestador de seguros de últimas instancias”. El mandatario sostiene que “si desarrollamos un mercado privado de seguros que sea competitivo, profundo y completo, la justificación para que el Estado intervenga desaparece por sí sola”. Se ha referido a sí mismo como “el topo que destruye al Estado desde adentro”.
Para avanzar en este plan, Milei anunció que enviará al Congreso proyectos para importar el mecanismo del ‘shutdown’ o cierre del Estado de EE UU, garantizar la independencia del Banco Central y ampliar y desregular el mercado de seguros. El Gobierno no ha dado detalles sobre la letra chica del proyecto, solo que la está escribiendo el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Las pretensiones de Milei provienen de sus declaraciones y de un libro que califica como “maravilloso”: ‘La teoría del caos’, del economista estadounidense Robert Murphy. En una reciente reunión de gabinete, Milei repartió dicho libro entre sus ministros. Murphy, autor devoto de la escuela austriaca de economía al igual que Milei, imagina en su obra las bondades de “una sociedad sin Estado” guiada por el “anarquismo de mercado”.
Murphy argumenta que “la eliminación del Estado” no lleva a un caos sin ley, sino que “aparecerían instituciones voluntarias para resolver eficaz y pacíficamente las disputas que se producen en la vida diaria”. Según su teoría, en una sociedad puramente libre “todas las acciones estarían sujetas a contratos”, por lo que “no habría un cuerpo legal legislado, ni tribunales o policías públicos”. En este esquema, las empresas aseguradoras cumplirían un rol fundamental, bajo la premisa de que “el mercado sería más eficiente” y “también más equitativo”.