Puerto Libertad, 08 de abril de 2026.- Una jueza radicada en Sonora ordenó frenar el Proyecto Saguaro mediante una suspensión que impide el ingreso de buques a sus aguas vinculados al desarrollo. La resolución judicial es de carácter temporal y busca evitar daños al ecosistema marino mientras se resuelve el litigio.
La medida cautelar ordena detener el tránsito de estas embarcaciones hasta que se emita una sentencia final. La suspensión impide por ahora la circulación de embarcaciones asociadas al proyecto, el cual es un desarrollo de gas natural licuado en Puerto Libertad, Sonora.
El proyecto está diseñado para exportar más de 15 millones de toneladas anuales de gas. Existen más de 10 juicios de amparo que tienen detenida la construcción de la Planta de Licuefacción de Gas Natural Licuado (GNL), Proyecto Saguaro.
El litigio fue impulsado por organizaciones no gubernamentales desde septiembre de 2025 para reconocer a las ballenas como sujetos de derechos. La jueza reconoció la urgencia de aplicar el ‘principio precautorio’ frente a proyectos que podrían generar impactos irreversibles.
Entre los riesgos identificados están las colisiones con embarcaciones, una de las principales causas de muerte de ballenas a nivel global. Los buques que transportan combustibles miden más de 300 metros y representan un riesgo de choques; un buque metanero puede alcanzar hasta 345 metros de longitud.
Otro riesgo es la contaminación acústica, pues el ruido de motores y operaciones altera la comunicación y rutas migratorias de delfines y ballenas. El incremento del tráfico marítimo genera ruido que interfiere con su comunicación y fragmenta su hábitat.
Nora Cabrera, abogada y fundadora de Nuestro Futuro, declaró: “Las ballenas demandaron y van ganando”. Sobre el objetivo, mencionó: “El objetivo es frenar estos proyectos antes de que comiencen a construirse. Estamos a tiempo”.
Omar García, de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina, advirtió: “Estos buques son tan grandes que normalmente no sienten cuando impactan a una ballena”. El caso podría escalar a instancias superiores, incluida la Suprema Corte.