jue. Jul 23rd, 2026

Por Redacción

Ciudad De México, 23 de julio de 2026.- América Latina ha sido un líder mundial en la adopción de algunas de las primeras y más sólidas políticas para regular los alimentos ultraprocesados, lo que la convierte en un campo propicio tanto para innovar en políticas de salud pública como para la resistencia por parte de la industria, según datos recopilados en una investigación global.

Una investigación coordinada por Lighthouse Reports, con participación de Quinto Elemento Lab, las brasileñas Agência Pública y O Joio e O Trigo, y la colombiana Cuestión Pública, puso al descubierto una operación sistemática del sector para intentar frenar leyes y bloquear regulaciones. De las 239 demandas judiciales que en los últimos 15 años ha entablado la industria en seis de sus principales mercados (Estados Unidos, Reino Unido, India, Brasil, México y Colombia) para revocar o modificar normas, 193 se presentaron en tribunales mexicanos.

En Colombia se registraron 18 litigios y en Brasil 17, lo que significa que el 95 por ciento de los litigios a escala mundial ocurrieron en estas tres naciones latinoamericanas. Este esfuerzo legal contrasta con los avances regulatorios recientes en la región, donde se han adoptado mayores controles para los alimentos ultraprocesados.

Estos avances se reflejan en las distintas advertencias nutricionales que aparecen en los empaques de productos de una misma empresa según el país, así como en las restricciones sobre el uso de celebridades o personajes animados dirigidos a la infancia. En México, en 2021 entró en vigor la prohibición para utilizar caricaturas en los empaques; como resultado, el personaje ‘Tigre Toño’, de las Zucaritas de Kellogg’s, fue desterrado de los supermercados mexicanos hace cinco años.

Sin embargo, la situación varía en los vecinos del sur. Mientras en México el personaje está prohibido, en Brasil goza de cabal salud y en Colombia se cuela incluso hasta el comedor del nuevo presidente electo, Abelardo de la Espriella. La investigación señala que la práctica de usar personajes animados dirigidos a la infancia todavía no está prohibida por la ley en Brasil y Colombia.

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