Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El gobierno de México rechazó el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre desapariciones forzadas, al que calificó como una decisión parcial y sesgada. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aseguró que se trata de un informe tendencioso que omite observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Estado.
El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU no consideró los esfuerzos institucionales y rechazó estudiar la información actualizada que proporcionó el Estado, según señaló el gobierno mexicano. La administración federal criticó que no se haya considerado información actualizada entregada el 27 de marzo antes de la publicación del documento.
Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de las Naciones Unidas solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita de forma urgente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General. La decisión del CED fue publicada el 2 de abril de 2026.
La información recibida por el organismo contiene indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Según el CED, se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en distintas partes del territorio nacional.
El gobierno de México argumentó que el procedimiento aplicado por el Comité está diseñado para contextos donde las cifras de desaparecidos son generalizadas y sistemáticas por parte del Estado, lo cual no corresponde a la realidad actual del país. El gobierno reclamó que el informe se centra principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
El gobierno de México citó que “el propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”. Sin embargo, Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, señaló que “el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno”.
México concentra el mayor número de acciones urgentes por desapariciones en el mundo, con 819. De estas, 40 ocurrieron entre octubre de 2025 y marzo de 2026. La organización civil Idheas indicó que “el procedimiento de acción urgente, diseñado como mecanismo excepcional humanitario, se ha convertido —en el caso mexicano— en un instrumento recurrente, lo que indica fallas estructurales persistentes en los sistemas nacionales de búsqueda e investigación”.