Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- La administración del presidente Donald Trump enfrenta crecientes cuestionamientos por sus políticas migratorias tras la muerte de un solicitante de asilo afgano bajo custodia de ICE en Texas, la aceleración de la construcción de un muro fronterizo de 4,500 millones de dólares y la salida sorpresiva del jefe de la Patrulla Fronteriza en El Paso. Los hechos, ocurridos entre el 13 y 17 de marzo, reflejan el endurecimiento de las medidas de control migratorio en la frontera con México.
Mohammad Nazeer Paktiawal, ciudadano afgano que buscaba asilo en Estados Unidos, falleció en custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas. Según reportes del Departamento de Seguridad Nacional, el hombre comenzó con dificultad respiratoria la noche de su detención, aunque la causa oficial de muerte permanece sin confirmarse. Organizaciones de derechos humanos exigen una investigación transparente sobre el caso.
Paralelamente, el gobierno estadounidense avanza en la construcción de 370 kilómetros de barrera fronteriza, con un segmento crítico de 110 kilómetros entre El Paso, Texas, y Ciudad Juárez, Chihuahua. La obra, que implica una inversión aproximada de 4,500 millones de dólares, forma parte de la estrategia de seguridad fronteriza promovida por la administración Trump.
En un movimiento sorpresivo, Gregory M. Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso, fue retirado de su cargo. Las autoridades no han proporcionado el motivo oficial de su salida, aunque fuentes no oficiales sugieren desacuerdos en la implementación de operativos migratorios. Bovino había confirmado previamente la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante protestas relacionadas con medidas migratorias en Minneapolis.
El contexto migratorio se complejiza con las declaraciones del secretario asistente Joseph M. Humire, quien se reservó sobre una posible decisión de Trump regarding el despliegue militar durante procesos electorales. Generales estadounidenses afirmaron que no acatarían órdenes ilegales, evidenciando tensiones en la cadena de mando.
Estos eventos ocurren en un marco donde aproximadamente 38.8 millones de personas de origen mexicano residen en Estados Unidos, representando una comunidad directamente afectada por las políticas migratorias. Organizaciones civiles y legisladores demócratas han incrementado su presión para una revisión de los protocolos de detención migratoria y el respeto a los derechos humanos.