Por Redacción
Ciudad De México, 22 de marzo de 2026.- Diversas acciones y demandas en materia de justicia y derechos humanos concentran la atencion institucional y social en Mexico durante los dias 20, 21 y 22 de marzo de 2026, con eventos que van desde convenios entre organismos federales hasta exigencias de organizaciones de la sociedad civil y casos judiciales controversiales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nacion (SCJN) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminacion (Conapred) establecieron un convenio de colaboracion el 20 de marzo de 2026 en la Ciudad de Mexico, con la participacion del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz y la presidenta del Conapred Claudia Olivia Morales Reza. El acuerdo busca promover la igualdad y no discriminacion en la funcion judicial, aunque no se especifican los mecanismos concretos para incorporar la igualdad sustantiva en la labor jurisdiccional.
Organizaciones de derechos humanos como Indigenous Peoples Rights International Mexico, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolome de Las Casas, el Centro de la Montana Tlachinollan y Voces del Territorio Mexico emitieron un posicionamiento exigiendo que los derechos de los pueblos indigenas sean vinculantes y no solo declarativos. Las organizaciones demandan una ley reglamentaria del articulo 2 constitucional, sin que se especifique el contenido o estatus legislativo de dicha propuesta.
En el Senado de la Republica, la senadora Malu Micher participo en un llamado para uniformar las leyes de genero en todos los estados del pais. No se menciona si el Senado o la SCJN han establecido un plazo especifico o medidas de seguimiento para la armonizacion legislativa en las entidades federativas.
Un caso judicial concreto genera cuestionamientos sobre la procuracion de justicia: la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo otorgo un amparo al empresario Pedro Miguel Babb Villarreal, acusado de fraudes. Este caso fue mencionado junto a los nombres de Jose Manuel Mireles Verastegui y Carlos Eduardo Gonzalez Hernandez. No hay informacion sobre la reaccion del Poder Judicial a las criticas sobre esta actuacion judicial.
Paralelamente, la Plataforma Nacional de Datos Abiertos suma mas de 5 mil bases de datos de 184 instituciones, segun reporte de la Agencia de Transformacion Digital y Telecomunicaciones. Esta cifra representa una de las mayores bases de datos abiertos de America Latina, aunque el cluster refleja contradicciones entre el discurso institucional de avances en derechos humanos y la practica judicial cuestionada en casos especificos.