Por Redacción
Iguala, 23 de marzo de 2026.- Nuevas líneas de investigación en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa han conducido a la funeraria El Ángel en Iguala, establecimiento que previamente fue investigado y descartado por el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI), pero que ahora es objeto de nuevas indagatorias bajo un esquema diferente.
La reactivación de la investigación se realiza bajo la dirección del fiscal Mauricio Pasarán, quien encabeza el caso en la actual administración. Los dueños de la funeraria han sido detenidos como parte de las nuevas diligencias, aunque su identidad completa no ha sido revelada oficialmente.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha indicado que solicitó al subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, establecer contacto con los padres y madres de los estudiantes para explicarles los avances del caso antes de hacerlo público. Sin embargo, la mandataria prefirió que sea la Fiscalía quien proporcione los detalles específicos para no interferir en la investigación en curso.
Según la información disponible, existe una contradicción en el tratamiento del caso: la funeraria El Ángel fue investigada y desechada en su momento por el GIEI, pero bajo el nuevo esquema de trabajo fiscal ha vuelto a ser considerada como punto relevante en las indagatorias sobre la desaparición de los normalistas.
Entre los aspectos que permanecen sin esclarecer se encuentran la fecha exacta del hallazgo de restos óseos en una bolsa etiquetada con 2014, la evidencia concreta que vincula a la funeraria con la desaparición de los 43 estudiantes, y los resultados del análisis telefónico mencionado como muy riguroso por las autoridades.
Tampoco se han detallado cómo opera de manera irregular la funeraria ni el contenido completo del informe que la presidenta solicitó al fiscal Pasarán. La investigación continúa y las autoridades han reservado información específica para no comprometer las diligencias en curso.
El caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014, representa uno de los episodios más emblemáticos de impunidad y búsqueda de justicia en México, con múltiples versiones y hallazgos que han sido cuestionados por familiares y organismos internacionales a lo largo de más de una década.