Ciudad De México, 02 de abril de 2026.- El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU decidió elevar la situación de México, con carácter urgente, ante la Asamblea General. El organismo activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y solicitó al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita el caso de manera inmediata.
El CED concluyó que la información recibida contiene indicios bien fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Juan Albán-Alencastro, presidente del CED, subrayó que lo que define a un crimen de lesa humanidad es el patrón de los ataques contra la población civil. Como prueba de la gravedad, el comité citó el hallazgo continuo de fosas comunes clandestinas, con más de 6,200 cadáveres y 76,000 restos humanos localizados, la mayoría sin identificar.
Ante esta resolución, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México rechazó categóricamente el informe, calificándolo de tendencioso y sesgado. Las autoridades mexicanas argumentaron que el documento se basa principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y que ignora las actualizaciones presentadas por la administración actual. La SRE señaló que el propio CED admite en su resolución que no hay una política federal de ataques sistemáticos.
El gobierno mexicano afirmó que se han emprendido transformaciones estructurales desde 2019, con reformas clave en julio de 2025, incluyendo la creación de una Alerta Nacional de Búsqueda. En un comunicado, la SRE declaró: “El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”. Asimismo, indicaron que “los argumentos del documento no coinciden con la definición de desaparición forzada del propio organismo ni con los avances institucionales logrados desde 2019, particularmente a partir de 2025”.
Santiago Corcuera, expresidente del CED, consideró deplorable la respuesta del Estado mexicano ante la decisión del comité. Corcuera lamentó que no se esté aprovechando el momento para reconocer la gravedad del fenómeno y señaló que la reacción gubernamental “es una muy mala señal”. El experto aclaró que la responsabilidad internacional del Estado abarca todos los órdenes de gobierno y no se limita al nivel federal.
México reiteró su disposición a la cooperación técnica internacional, pero advirtió que no aceptará premisas que no reflejen la transformación institucional lograda en el último año. Las autoridades sostuvieron que el mecanismo activado por la ONU está diseñado para contextos donde las desapariciones son cometidas de forma generalizada por el Estado, lo cual afirmaron no corresponde a la realidad del país.