Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- El Sistema Universitario Jesuita (SUJ) respaldó la decisión del Comité CED de la ONU de llevar la crisis de desapariciones en México ante la Asamblea General, mecanismo extraordinario que se activa por primera vez ante un problema documentado por más de una década. Mientras organizaciones civiles acusaron al Gobierno de Claudia Sheinbaum de utilizar la descalificación para evadir su responsabilidad internacional, el Gobierno de México rechazó el informe tras considerar que está desactualizado y carece de rigor jurídico. En medio de la controversia, se llevó a cabo el sepelio de Marco Antonio Saucedo Rocha, hijo de Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora.
A través de un comunicado conjunto realizado por las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, la administración federal negó que permita o tolere desapariciones forzadas. El Gobierno reprobó el informe por considerar que es parcial, sesgado y tendencioso, al referirse a casos que ocurrieron en los Gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Además, añadió que antes de emitir el documento, el Comité omitió considerar la actualización de información que la Secretaría de Gobernación presentó el pasado 27 de marzo.
En su postura, el Gobierno de México señaló: “El procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar. Dicho marco no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia”. Asimismo, resaltaron que “en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender ese flagelo”.
Por su parte, el Comité advirtió que la recurrencia de las desapariciones en el País tienen que ver con fallas estructurales en el sistema de búsqueda mexicano. Advirtió que en algunos casos, como Jalisco, han participado autoridades locales y se ha documentado la falta de respuesta del Estado. No obstante, el propio Comité reconoce que no hay indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión.
La organización Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves al Estado mexicano aceptar la cooperación técnica internacional para atender la crisis de desapariciones en el país, la cual afecta directamente a más de 132 mil familias. Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, explicó cómo se construyó el proceso que llevó al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU a pedir que el caso México sea remitido a la Asamblea General. La FIDH impulsó la solicitud formal tras años de trabajo con colectivos y análisis regionales en estados como Coahuila, Veracruz y Nayarit.
Respecto al caso particular de Marco Antonio Saucedo Rocha, el último adiós tuvo lugar alrededor de las 17:00 h del jueves 2 de abril de 2026 en el Panteón Municipal, ubicado al norte de Hermosillo. Una prueba de ADN confirmó esta semana que los restos óseos localizados en un predio de Hermosillo corresponden a Marco Antonio Sauceda Rocha, quien desapareció en Sonora en 2019. Los restos fueron hallados el 24 de marzo durante diligencias en el kilómetro 46 de la carretera 26, en la zona rural de Hermosillo.
Ceci Flores se convirtió en una de las voces más visibles de la crisis de desapariciones en México tras la desaparición de su hijo Alejandro Guadalupe en 2015 en Los Mochis, Sinaloa. Sobre la impunidad en el ámbito de los crímenes contra periodistas, las organizaciones Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica denunciaron la situación en el país. Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, alertó que la impunidad en el país se produce en el 95 por ciento de casos de homicidios contra periodistas, cifra que elevó al 100 por ciento cuando se trata de desapariciones.
Según datos de Reporteros Sin Fronteras, desde el año 2000 más de 150 periodistas fueron asesinados y al menos 28 permanecen desaparecidos en México. Mendiola señaló que “Las agresiones contra periodistas van a la alza. México se vuelve a colocar como uno de los principales países más violentos y mortíferos contra la prensa a nivel mundial”. Además, advirtió que “La ausencia de esa investigación está dando pie a la comisión de violaciones más graves como es el homicidio o la desaparición. Hemos identificado que en muchos de los casos de agresiones graves contra periodistas, la antesala de un homicidio o de una desaparición fue una amenaza”.