Por Redacción
Ciudad De México, 21 de marzo de 2026.- Organizaciones de derechos humanos y activistas denunciaron un patrón regional de represión estatal que incluye desapariciones forzadas, confiscación de bienes y endurecimiento de políticas migratorias en países como Argentina, Venezuela, Nicaragua y El Salvador. Human Rights Watch (HRW) documentó casos de deportados desaparecidos, opositores perseguidos y redadas masivas en la región durante los primeros meses de 2026.
En Argentina, el gobierno de Javier Milei ha implementado políticas migratorias inspiradas en el modelo de Donald Trump, resultando en la no admisión o expulsión de 5,000 personas en dos meses. Según datos de HRW, en 2024 se deportaron 620 personas desde Argentina, un incremento del 40% respecto al año anterior. La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, ha anunciado medidas de seguridad que han generado preocupación por su impacto en derechos humanos.
Simultáneamente, en El Salvador, familias y organizaciones denuncian la desaparición de 11 salvadoreños deportados desde Estados Unidos. Entre los casos reportados figura César Humberto López Larios, conocido como ‘El Greñas’, a quien autoridades estadounidenses y salvadoreñas acusan de ser líder de la pandilla MS-13, aunque no se ha presentado evidencia pública que vincule al resto de los desaparecidos con actividades criminales. En 2025, más de 9,000 salvadoreños fueron deportados desde EE.UU., de los cuales el 10% tenía antecedentes penales.
En Venezuela y Nicaragua, los gobiernos de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, junto con Rosario Murillo, enfrentan denuncias por desapariciones forzadas y confiscación de bienes a opositores políticos. Lilian Tintori, familiar de víctimas, ha realizado denuncias públicas sobre la situación de presos políticos y la desaparición de dirigentes chavistas como Carlos Brenes. Activistas como Amaru Ruiz y Thelma Brenes han testimoniado sobre la persecución estatal en sus respectivos países.
Human Rights Watch, a través de su directora para las Américas, Juanita Goebertus, emitió un comunicado oficial señalando la gravedad de estos eventos y la necesidad de investigar las desapariciones forzadas. La organización destaca que las acusaciones de pandillerismo contra deportados carecen de evidencia concreta en muchos casos, mientras que las políticas de memoria en Argentina son desmanteladas en medio de protestas socioambientales lideradas por mujeres en Mendoza, donde vecinas como Macarena Limousin han tomado un rol protagónico.
La economista Mercedes D’Alessandro y otros analistas han cuestionado el impacto social de estas medidas represivas, mientras que la cifra histórica de 30,000 desaparecidos durante la dictadura argentina sirve como referente para las nuevas generaciones que enfrentan desapariciones forzadas en el contexto actual. Las contradicciones entre las acusaciones gubernamentales y las negaciones de familias y organizaciones de derechos humanos subrayan la crisis política y humanitaria que atraviesa la región.
Ante la falta de respuestas oficiales de los gobiernos involucrados y la ausencia de información detallada sobre los cargos específicos contra opositores y el estado legal de proyectos como San Jorge en Mendoza, la comunidad internacional mantiene su atención en la evolución de estos casos y en la defensa de los derechos humanos en América Latina.