Por Redacción
México, 19 de marzo de 2026.- El debate sobre la iniciativa de reforma electoral conocida como ‘Plan B’, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Senado, generó divisiones y críticas de oposición, así como reservas al interior del partido aliado PT, que anunció su respaldo condicionado. La propuesta, que incluye un recorte presupuestal progresivo del 15% al Instituto Nacional Electoral (INE), la reducción de salarios de sus consejeros y cambios en la integración de ayuntamientos, es vista por algunos legisladores como un intento de influir en los comicios de 2027 y un retroceso democrático.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, criticó duramente la iniciativa, señalando que no ataca problemas como el dinero del narcotráfico en las elecciones ni la sobrerrepresentación de Morena. Calificó como una ‘farsa’ el proceso de revocación de mandato y advirtió sobre ‘torpezas vulgares’, como la eliminación de la paridad de género en algunos ayuntamientos. Por su parte, el diputado Rubén Moreira alertó que la reforma busca influir en los comicios de 2027 y no es de fondo, además de considerar un daño a la equidad la participación del Ejecutivo en campañas a través de la revocación.
Dentro del Partido del Trabajo (PT), aliado de Morena, surgieron posturas divergentes. El dirigente nacional Benjamín Robles anunció el respaldo al Plan B, pero expresó reservas sobre la fecha de la revocación de mandato, prefiriendo que sea en 2028 y no en 2027 para evitar riesgos a la equidad y cuestionando que el proceso sea impulsado desde el gobierno y no por la ciudadanía. En contraste, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre aseguró que respaldará la iniciativa y votará a favor, a pesar de las reservas de otros miembros de su partido.
El INE, por su parte, defiende su autonomía presupuestal y sus altos salarios. Según reportes, los consejeros del instituto ganan actualmente 262 mil pesos brutos mensuales, más que el sueldo de la presidenta de la República, mientras que la propuesta del Plan B establece un tope salarial de 134 mil pesos mensuales. Los choques por el presupuesto y los salarios del órgano electoral vienen desde 2018, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
La iniciativa también propone cambios en la integración de los ayuntamientos, lo que afectaría a 56 municipios con reducción de regidurías y a 1,089 con aumento, según las cifras manejadas en el debate. Además, se plantea un recorte presupuestal progresivo del 15% en cuatro ejercicios fiscales, lo que impactaría a los aproximadamente 18,000 trabajadores del INE.
El debate se enmarca en un contexto de tensiones recurrentes entre el poder Ejecutivo y el órgano electoral, y pone en evidencia las fracturas dentro de la coalición gobernante, así como la firme oposición de los partidos tradicionales, que ven en la reforma una herramienta para alterar las reglas del juego político de cara a las próximas elecciones.