Por Redacción
Operaciones En Línea De Walmart Y Bodega Aurrerá En México., 15 de marzo de 2026.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) prepara una demanda colectiva en contra de Walmart de México y su cadena Bodega Aurrerá, debido a múltiples reportes de cancelación de pedidos en línea y falta de entrega de productos comprados los días 17 y 18 de marzo de 2025. La autoridad del consumidor hizo un llamado público para que los afectados se sumen a la acción legal, la cual requiere un mínimo de 30 personas para proceder.
De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, los consumidores que realizaron compras a través de los sitios web de Walmart y Bodega Aurrerá en las fechas señaladas experimentaron cancelaciones injustificadas de sus pedidos, a pesar de haber realizado el pago correspondiente. La Profeco indicó que los afectados deben presentar documentación como formato de consentimiento, identificación oficial, relatoría de hechos y comprobantes de pago para integrar la demanda.
La acción colectiva se enfoca en garantizar que la empresa minorista cumpla con las obligaciones contraídas con los consumidores y repare el daño económico causado por las cancelaciones. Hasta el momento, no se ha especificado el número total de quejas recibidas ni el monto económico total de las transacciones afectadas.
La Profeco no ha detallado la causa oficial que Walmart o Bodega Aurrerá proporcionaron para justificar las cancelaciones masivas. Tampoco se ha informado sobre la postura oficial de la empresa ante la acción emprendida por la procuraduría, ni si el proceso legal ya fue presentado o se encuentra aún en etapa de convocatoria.
Este caso se enmarca en un contexto de creciente digitalización del comercio minorista en México, donde las compras en línea han registrado un aumento significativo. La Profeco ha intensificado su supervisión sobre las prácticas comerciales digitales, buscando proteger a los consumidores ante incumplimientos por parte de las empresas.
La resolución de esta demanda colectiva podría sentar un precedente importante para el comercio electrónico en el país, estableciendo estándares más claros sobre la responsabilidad de las empresas en la entrega de productos adquiridos en línea y las consecuencias por incumplimiento.