Por Redacción
Ciudad de México, 13 de febrero de 2026.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) presentó una denuncia penal contra Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, regidora del municipio de Ocotlán, Jalisco, por la posesión ilegal de un mono araña (Ateles geoffroyi), especie protegida en peligro de extinción. La denuncia, interpuesta ante las autoridades competentes, podría acarrear una sanción de hasta nueve años de prisión por contravenir la Ley General de Vida Silvestre, tras evidenciarse la exhibición del primate en eventos públicos y su tenencia como mascota.
La titular de la Profepa, Mariana Boy, fue tajante al respecto: “La ley es clara: ningún primate puede tenerse como mascota ni exhibirse en eventos públicos”. La funcionaria federal destacó que la normatividad mexicana prohíbe estrictamente el aprovechamiento extractivo de primates, incluyendo su posesión, exhibición o tráfico, independientemente de la supuesta procedencia del animal o el carácter temporal de su tenencia.
Ante la denuncia, la regidora Villarruel Gutiérrez argumentó que el mono araña no era de su propiedad, sino que se trataba de un animal prestado para una aparición momentánea, aduciendo además que desconocía los datos del supuesto propietario real. Sin embargo, esta versión contrasta con registros visuales difundidos en redes sociales por la usuaria Lucía Hernández, conocida como @YoAmoaLaCiencia, quien compartió videos y fotografías que muestran a la funcionaria con el primate en aparentes condiciones de cuidado cotidiano y proximidad física constante, lo que sugeriría un vínculo más estrecho y prolongado del que admite la edil.
Las contradicciones entre la declaración de la regidora y la evidencia documental han generado un escrutinio público sobre el manejo de fauna silvestre por parte de servidores públicos. El mono araña, catalogado en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 como especie en peligro de extinción, goza de protección especial que prohíbe su tenencia bajo cualquier modalidad, incluyendo el préstamo temporal o la exhibición en actos de promoción política, por lo que la posesión del animal constituye un delito grave contra el patrimonio natural de la nación.
La denuncia penal interpuesta por la Profepa se suma a un creciente número de casos donde funcionarios municipales enfrentan procesos legales por tráfico o tenencia ilegal de especies protegidas. Mientras avanza la investigación para determinar la ubicación actual del primate y la identidad de su verdadero tenedor, el caso pone en evidencia las lagunas en la fiscalización de la fauna silvestre en el ámbito local y la necesidad de protocolos estrictos que eviten el uso de animales en riesgo como herramientas de propaganda política o entretenimiento social.