Por Redacción
La Judicatura), 18 de marzo de 2026.- Un juez federal ordenó reabrir por tres meses la investigación complementaria en contra del exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, acusado de liderar una organización criminal dedicada al contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, desde la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). La decisión, tomada en marzo, responde a la vulneración del derecho de defensa del imputado, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) se negara de forma reiterada a entregar la totalidad de la carpeta de investigación.
La jueza federal Mariana Vieyra Valdés, del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, Estado de México, determinó que la FGR incumplió un plazo de cinco días para facilitar el acceso al expediente, lo que motivó la petición de la defensa. El despacho Epigmenio Mendieta, representante de Farías Laguna, logró así una tutela judicial para que su cliente pueda conocer íntegramente las pruebas en su contra dentro de la causa penal 325/2025.
El exvicealmirante se encuentra recluido en el penal del Altiplano, mientras que su hermano, el contraalmirante Fernando Farías Laguna, señalado como parte de la misma red, permanece prófugo. La investigación los vincula a la organización criminal “Los Primos”, presuntamente operada desde la Aduana para desviar grandes volúmenes de diésel. Uno de los hechos centrales del caso es el decomiso de 10 millones de litros de ese combustible en Tamaulipas, ocurrido en marzo de 2025.
La defensa del imputado había elevado una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum, denunciando supuestas violaciones procesales, antes de acudir a la vía judicial. La resolución de la jueza Vieyra Valdés otorga ahora un nuevo plazo de tres meses para que la FGR realice las diligencias de investigación complementaria que correspondan, garantizando el acceso de la defensa a toda la información.
El caso pone bajo escrutinio la actuación de la fiscalía en procesos de alto perfil contra exfuncionarios y militares, y evidencia las tensiones entre las instituciones encargadas de la procuración de justicia y la garantía de los derechos de los imputados. La reapertura de la investigación mantiene vivo uno de los expedientes más emblemáticos sobre corrupción y desvío de hidrocarburos en instancias federales.