Ciudad De México, 07 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum redobló sus críticas al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual concluye que en México este delito se comete de manera sistemática y generalizada, y que los más de 132 mil casos podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Sheinbaum advirtió un trasfondo político detrás de la intención del Comité de llevar el asunto a la Asamblea General de la ONU y afirmó que “el Estado mexicano existe y no está rebasado”.
La mandataria negó que la crisis de desaparecidos en el país pueda ser clasificada como un crimen de lesa humanidad, argumentando que este concepto es “otra cosa” definida por la ONU que no se adapta a la situación de México. Asimismo, acusó al informe de estar orientado a criticar al Estado mexicano y aseguró que se basa únicamente en el análisis de unos cuantos casos en cuatro estados y en periodos anteriores a 2018. Por su parte, la cancillería de México calificó el documento de “tendencioso” por no considerar las medidas implementadas en los últimos años.
En contraste, el Comité de la ONU aseguró que su evaluación no se limita a un periodo específico, sino que integra información acumulada durante más de una década. Juan Pablo Albán, presidente del Comité, señaló que el análisis examina “la evolución de la situación hasta la actualidad” y subrayó que incorpora datos recientes, destacando 28,880 desapariciones reportadas entre el 1 de enero de 2023 y el 22 de abril de 2025. El organismo documenta un agravamiento de la crisis forense, con alrededor de 72,000 restos humanos sin identificar para inicios de 2026, cifra que ha crecido desde los 52,000 calculados en 2021.
Ante la discrepancia en las cifras, el Gobierno de Sheinbaum realizó un cribado que arroja que solo un tercio de los registros (43,128) correspondería a personas desaparecidas. Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, rectificó que “no se trata de un informe de la ONU, sino de un grupo de expertos que trabajan para ella” y explicó que de los 132,534 casos totales, 46,742 no están vinculados a una persona debido a registros incorrectos. Alcalde destacó que las autoridades han confirmado el paradero de 5,200 ciudadanos mediante pruebas de vida directas tras detectar señales de actividad posterior a la fecha de desaparición en más de 40,000 casos.
La respuesta de la oposición y la sociedad civil fue inmediata. La diputada Laura Ballesteros exigió que Rosario Piedra renuncie a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), acusándola de ejercer un papel protector del Estado en lugar de acompañar a las víctimas, y anunció que buscará iniciar un proceso de juicio político en su contra. Por su parte, el diputado Elías Lixa acusó al gobierno federal de modificar la metodología para minimizar las desapariciones, afirmando: “No pueden esconder la realidad bajo un manto de mentiras”.
Sara Hernández, integrante del Comité ¡Eureka!, calificó la decisión de la ONU de llevar el caso a la Asamblea General como “muy importante” e “histórica”, sosteniendo que rechazar la determinación implicaría “un retroceso lamentable”. En tanto, la Barra Mexicana de Abogados exhortó al Gobierno de México a atender las recomendaciones del Comité, haciendo un llamado a no descalificar la decisión del organismo y a aceptar la ayuda internacional.