La Paz, 17 de junio de 2026.- La XVII Legislatura del Congreso del Estado aprobó por unanimidad una reforma al Código Penal de Baja California Sur y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para tipificar el delito de matrimonio infantil, imponiendo penas de hasta 15 años de prisión. Esta medida legislativa ocurre en un contexto de crisis social marcado por altos índices de violencia de género y protestas del sector salud.
Respecto a la seguridad de las mujeres, Baja California Sur se ha convertido en el tercer lugar con más feminicidios por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 0.66. Según cálculos basados en la tasa del delito multiplicada por la población del INEGI, se estima que se hayan cometido cinco feminicidios en la entidad. Sin embargo, para la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), basándose en cifras públicas del Secretariado hasta abril, solo existen tres registros.
Antonio López Rodríguez, procurador general de Justicia del Estado, declaró que hasta abril llevaban abiertas tres carpetas de investigación por homicidio y tenían resueltas tres. “En este tema ocupamos el lugar número 11 en temas de feminicidio, porque hemos contabilizado tres a la fecha”, señaló el funcionario. No obstante, el procurador expresó que en lo que va del mes de mayo han contabilizado dos feminicidios más, sumados a los tres ya en registro oficial.
Uno de estos casos recientes ocurrió el 20 de mayo en el municipio de La Paz, donde una víctima fue localizada sobre las calles Abedul y Diente de León de la colonia La Pasión. La mujer tenía un cable en la boca y rodeando su cuello, presuntamente el arma homicida, y presentaba huellas de violencia. Paramédicos del Grupo Voluntario Calafia indicaron que la posible causa de muerte sería un traumatismo craneoencefálico y asfixia por ahorcamiento. Sobre este caso, López Rodríguez mencionó: “acabamos de localizar a una mujer —desafortunadamente— sin vida aquí en la colonia La Pasión; ya llevamos la investigación avanzada ya tenemos identificada a una persona probable responsable”.
En el ámbito legislativo, la iniciativa contra el matrimonio infantil fue propuesta por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Saldaña Cisneros. La reforma adiciona el artículo 174 Bis al Código Penal para tipificar la cohabitación forzada de menores, estableciendo una pena de ocho a 15 años de prisión y multa de 2 mil a 4 mil veces el valor diario de la UMA. Saldaña Cisneros afirmó que “México se posiciona como el octavo país con mayor índice de matrimonio infantil a nivel mundial”, aunque reconoció que Baja California Sur presenta cifras comparativamente menores con mil 431 casos de adolescentes en unión temprana.
Simultáneamente, trabajadores de IMSS-Bienestar han salido a las calles en La Paz para denunciar la precarización del organismo. Más de 400 empleados afiliados a la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (FINTRAS) bloquearon el puente Mano Amiga y protestaron frente al Congreso. Marlene Cota, secretaria general de FINTRAS, expresó: “Falta de insumos, falta de respuesta por parte de IMSS-Bienestar, faltan de ambulancias, ya es insostenible”.
Los trabajadores expusieron el caso de la muerte de un bebé durante un traslado de Santa Rosalía a Loreto, acusando que la ambulancia no contaba con los insumos necesarios. Cota detalló que “desde enero las problemáticas se han agudizado en el hospital Salvatierra”, afectando incluso a especialistas como ginecólogos. Tras una reunión fallida el 10 de junio con el representante Bogdan Benis, los líderes sindicales lograron concretar una mesa de trabajo con el gobernador Víctor Castro Cosío.