Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió exonerar a Pío López Obrador de las acusaciones por financiamiento ilícito al partido Morena, cerrando definitivamente el proceso legal que se originó en agosto de 2020. La magistrada Mónica Soto fue parte de la resolución que concluye que no hay pruebas contundentes para determinar la comisión de delitos, poniendo fin a una controversia que ha marcado la agenda política nacional en los últimos años.
El caso tiene su origen en la difusión de videos grabados en 2015 en el estado de Chiapas, donde se observa a Pío López Obrador recibiendo sobres con dinero en efectivo de manos de David León Romero. En las imágenes se mencionan montos de 1 millón de pesos y 400 mil pesos. A pesar de esta evidencia visual, el tribunal determinó que los materiales no tuvieron valor probatorio suficiente para acreditar el flujo ilegal de recursos hacia la formación política fundada por Andrés Manuel López Obrador.
Tras la notificación de la sentencia, Pío López Obrador emitió un mensaje en video en el que declaró no haber cometido ninguna falta o delito, reafirmando su inocencia ante las imputaciones que lo han acompañado desde hace casi seis años. Esta postura contrasta con la percepción de fuentes periodísticas que han enfatizado la existencia de los registros visuales y la falta de rastreo del dinero como indicadores de una operación opaca.
La trayectoria jurídica de este expediente incluye múltiples instancias. El Instituto Nacional Electoral (INE) cerró su investigación en 2021 alegando prescripción de la falta administrativa. Posteriormente, en octubre de 2022, la Fiscalía General de la República archivó el caso penal por falta de elementos para integrar un delito. La decisión del TEPJF en marzo de 2026 representa el último capítulo judicial, consolidando el archivo definitivo del asunto.
El origen mediático del caso se atribuye a la difusión de los materiales por parte de Latinus, encabezado por el periodista Carlos Loret de Mola. Ante las repercusiones de dichas publicaciones, Pío López Obrador ha mantenido acciones legales por afectaciones a su prestigio, aunque la investigación actual no detalla el estado procesal de dicha demanda específica contra el comunicador.
Con esta resolución, se cierra un ciclo de acusaciones que remontan a declaraciones públicas de Andrés Manuel López Obrador en 2020, momento en que surgieron las primeras alertas sobre el financiamiento de su partido. La decisión de la autoridad electoral pone punto final a la incertidumbre legal sobre los recursos manejados por el hermano del presidente en la etapa fundacional de Morena.