Ciudad De México, 16 de junio de 2026.- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 39 funcionarios por diversas anomalías. Entre los casos más relevantes se encuentran cuatro servidores públicos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a quienes se les impuso una sanción económica solidaria de mil 192 millones 500 mil pesos.
La resolución contra los funcionarios de CFE deriva de la adquisición fraudulenta de optimizadores de tensión. El contrato, celebrado en 2017, contemplaba la adquisición e instalación de 82 mil equipos que resultaron no ser necesarios para la prestación del suministro eléctrico.
En cuanto a las inhabilitaciones, Roberto V., funcionario de CFE Distribución; Alberto M., del Laboratorio de Equipos y Materiales de CFE; y José Q., de CFE Suministrador de Servicios Básicos, recibieron una inhabilitación por 20 años cada uno. Por su parte, Francisco D., adscrito a la Dirección Corporativa de Operaciones de CFE, fue inhabilitado por 10 años.
Fuera de la paraestatal eléctrica, Carlos M., exfuncionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en la Región Golfo Centro, fue inhabilitado por ocho años. La autoridad determinó que realizó depósitos por 4.9 millones de pesos a su cuenta personal y se quedó con un vehículo oficial en 2019, por lo que también fue multado con 4.9 millones de pesos.
En el sector financiero social, Esmeralda O., funcionaria del Banco del Bienestar en Tabasco, recibió 10 años de inhabilitación por falsear conciliaciones bancarias. Asimismo, Verónica G. y Ana J., trabajadoras de la misma institución en Oaxaca, fueron sancionadas por realizar retiros hormiga de las cuentas de beneficiarios sin su consentimiento.
La Secretaría también aplicó sanciones en otras dependencias. Francisco O., funcionario del Tecnológico de Culiacán (SEP), fue inhabilitado por 10 años tras cobrar un doble pago que le redituó 416 mil pesos en 2021. Finalmente, Rubén D., auditor del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en Quintana Roo, fue suspendido por emitir un crédito fiscal de 205 millones de pesos fuera del plazo legal, acción que afectó la recaudación del país.