Por Redacción
Ciudad De México, 23 de marzo de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) revocó el estatus de donatarias autorizadas a más de 100 organizaciones de la sociedad civil en México, entre ellas el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). La decisión de la autoridad fiscal se basa en el criterio de que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) no contaba con las atribuciones legales para acreditar las actividades de dichas entidades, generando un conflicto administrativo que deja en incertidumbre el futuro operativo de estas agrupaciones.
De acuerdo con la información disponible, al menos 13 organizaciones ya han sido dadas de baja formalmente tras la notificación del SAT. El IMCO, fundado en 2003 como una asociación civil sin fines de lucro, aseguró haber cumplido puntualmente con todas sus obligaciones fiscales y señaló que obtuvo la acreditación correspondiente por parte de la SECIHTI, dependencia que en ese momento validó sus actividades conforme a los procedimientos vigentes.
La discrepancia central del caso radica en la interpretación jurídica de las facultades de la secretaría encabezada por la SECIHTI. Mientras el IMCO y otras organizaciones sostienen que actuaron bajo el amparo de una acreditación oficial válida, el SAT determinó que dicho respaldo institucional carecía de sustento legal para mantener el beneficio de donataria, procediendo a la cancelación del registro sin que se detallen públicamente las resoluciones específicas de las nuevas solicitudes presentadas por los afectados.
Este movimiento impacta directamente a la capacidad de recaudación de fondos de más de un centenar de grupos civiles que dependen de la emisión de recibos deducibles de impuestos para financiar sus proyectos. La revocación ocurre en un contexto donde las organizaciones deben navegar nuevas disposiciones que exigen acreditar actividades, aunque los detalles específicos de estos requisitos no han sido fully esclarecidos en los comunicados oficiales disponibles hasta el momento.
Ante la situación, el IMCO presentó una nueva solicitud ante el SAT el pasado 18 de noviembre, cuya resolución final aún no se conoce públicamente. La medida del fisco pone en tensión la relación entre el gobierno federal y el tercer sector, al dejar sin certeza jurídica a instituciones que operan bajo el argumento de haber seguido los conductos regulares establecidos por las dependencias competentes en materia de ciencia y tecnología.