Ciudad De México, 25 de marzo de 2026.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la reforma que reserva exclusivamente al Estado mexicano la exploración y explotación del litio. La resolución, emitida el 24 de marzo de 2026, dio respuesta a la acción de inconstitucionalidad 78/2022 promovida por una minoría de senadores de oposición contra los cambios realizados a la Ley Minera en 2022.
La ministra Sara Irene Herrerías Guerra actuó como ponente del proyecto que fue aprobado por el alto tribunal. En su resolución, la Corte avaló específicamente los artículos 1, 5 bis y 10 de la legislación minera reformada, confirmando la facultad del gobierno federal para controlar estas actividades estratégicas sin la participación de privados.
En el análisis de los argumentos presentados, el tribunal concluyó que no era requerible una consulta previa a pueblos indígenas y afro Mexicanos para la emisión de esta norma. La determinación se basó en el entendimiento de que se trata de una disposición de carácter general que no genera un impacto directo e inmediato sobre dichas comunidades, descartando así uno de los puntos centrales de la controversia legal.
La decisión del Pleno pone fin al debate judicial iniciado tras la promulgación de la reforma en el sexenio anterior, la cual buscó nacionalizar el recurso para garantizar su aprovechamiento en beneficio del país. Con este fallo, se consolida el marco jurídico que impide la concesión de exploración y explotación de litio a particulares o empresas extranjeras.
La acción de inconstitucionalidad había sido impulsada por legisladores que cuestionaban la validez del proceso legislativo y los efectos de la reserva estatal. Sin embargo, la mayoría de los ministros que integran la SCJN consideraron que los preceptos impugnados se ajustan a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.